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La secretaria general y el vicepresidente de FACUA-Consumidores en Acción, Olga Ruiz y Rubén Sánchez, junto a la directiva de la organización Rocío Algeciras, se han reunido este miércoles 12 de febrero con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, y la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea. Se trata del primero de los encuentros que mantiene el ministerio con organizaciones de consumidores.
FACUA ha trasladado al ministro y a los altos cargos del Ministerio de Consumo -hoy han tomado posesión- sus principales reivindicaciones en materia de políticas de protección de los consumidores.
Los dirigentes de la asociación han planteado que las políticas de consumo han estado prácticamente inertes en las últimas décadas y que es necesario que sean prioritarias en el nuevo Ejecutivo. Asimismo, han mostrado su satisfacción ante el hecho de que el Gobierno de coalición cuente con un ministerio dedicado exclusivamente a las políticas de consumo.
La asunción de competencia sancionadora para actuar contra los fraudes masivos es una de las principales reivindicaciones de FACUA, que ha pedido a Garzón que impulse una reforma del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de manera que el ministerio comparta estas competencias con las comunidades autónomas para que puedan emprender actuaciones sancionadoras ante fraudes masivos que se produzcan en toda España.
Igualmente, la organización ha reclamado al ministro que aperciba a las empresas que cometan fraudes masivos y las lleve a los tribunales en acciones de cesación si no los rectifican, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuida su cartera por la normativa de protección de los consumidores desde los años 80. Competencias que lamentablemente no han sido ejercitadas por parte de los sucesivos ministerios competentes en las últimas décadas.
FACUA además ha solicitado al equipo de Garzón un desarrollo de la normativa de protección de los consumidores para que se regule el derecho de resarcimiento de los usuarios que sean víctimas de fraudes o irregularidades en la facturación. El objetivo es que cuando un consumidor sea objeto de un cobro abusivo por parte de una compañía o un incumplimiento contractual pueda ser indemnizado, más allá del cumplimiento del contrato y de la devolución de su dinero, con el abono de una cantidad económica en función de la irregularidad sufrida y el tipo de empresa que la haya cometido.
Por otro lado, FACUA les ha solicitado que emprendan una regulación de los servicios de atención al cliente, aspecto del que se han producido amagos en anteriores legislaturas y que nunca han culminado con la aprobación de una norma. En este sentido y entre otras cuestiones, la asociación ha pedido que se regulen los plazos de respuesta en los que las empresas deban contestar a las reclamaciones que formulen los consumidores, así como una de sus reivindicaciones durante los últimos años, la obligatoriedad de que determinadas compañías tengan teléfonos de atención al cliente gratuitos.
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