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Ecologistas en Acción defiende que el agua de grifo para beber es imprescindible ante la emergencia climática y que lo grifos son un buen instrumento para que los ciudadanos puedan poner su granito de arena de forma diaria. Pero es muy importante saber que defender el agua de grifo implica también tener un organismo regulador centrado en la información a la ciudadanía.
En el Estado español la información del agua está agrupada en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El SINAC fue creado en 2003 como un sistema de información sanitaria sobre la calidad del agua y saneamiento, sustentado en una aplicación informática a través de internet. Dispone de un comité técnico que es el responsable de explotar e incluso modificar estos datos, según contempla el Real Decreto 140/2003.
A pesar de que este Real Decreto marca que este comité técnico debe estar compuesto por representantes de usuarias y usuarios, desde su creación está formado por los representantes de tres multinacionales del agua: Aqualia, Suez y Canal de Isabel II —que actúa como un concesionario en ciudades como Cáceres o Lanzarote—, además de por técnicos de los gobiernos regionales de Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y León, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los ayuntamientos de Madrid y Zaragoza y las subdirecciones generales de Tecnologías de la Información y de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
Es decir, las multinacionales del agua tienen más peso que los operadores públicos que no tienen representación (se excluye a la asociación de operadores públicos como AEOPAS, CONGIAC o AMAP), las Comunidades Autónomas (ya que no están representadas todas) ni las ciudades (que son los titulares del servicio) y, por supuesto, de la ciudadanía, que ni siquiera tiene representación.
El resultado, tal y como el Tribunal de Cuentas ha manifestado en su último informe de fiscalización al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, es un sistema de información inadecuado. Entre las principales críticas del informe, destacan que hay muchos laboratorios que analizan estas muestras de agua que no están certificados —el 53,14 %—, que 1.048 municipios no han remitido informes sobre sus aguas —de los que el 3 % tiene más de 5.000 habitantes— y 13 comunidades autónomas no han notificado las inspecciones sanitarias realizadas. Y casi una de cada diez muestras de agua no tienen notificado su origen, ni su volumen. También que, a pesar de las numerosas deficiencias de la información aportada, los miembros del comité técnico ni siquiera se han reunido.
Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita la inmediata reforma de este órgano de información vital que facilita que cualquier bulo pueda ser malinterpretado por la ciudadanía y manifesta:
Su rechazo a la presencia de entidades privadas en órganos de la administración pública, especialmente en asuntos como es el abastecimiento y saneamiento del agua que son de indudable titularidad pública.
Que el control sobre la calidad de las aguas de consumo debe ser marcado por la administración y no por quien tiene la concesión con el máximo objetivo de hacer negocio y reducir costes.
Que se abra el Comité Técnico del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) a las Comunidades Autónomas, a los municipios y a la ciudadanía.
Que se realice un urgente plan de acción para paliar los fallos que señala el Tribunal de Cuentas y crear un sistema de información centrado en facilitar la información a la ciudadanía.
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