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Ryanair acudió a tribunales para intentar evitar que FACUA-Consumidores en Acción pudiera conocer que fue sancionada con casi tres millones de euros por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por las cancelaciones masivas que llevó a cabo en 2017 y que afectaron a miles de pasajeros.
La asociación denunció a la aerolínea ante la AESA en 2017 tras conocer que en agosto de dicho año había anulado unos 2.000 vuelos únicamente debido a "asuntos de organización interna" para mejorar la puntualidad de las rutas y ordenar las vacaciones de sus empleados. Dichas cancelaciones tuvieron como consecuencia la afectación de miles de pasajeros que no pudieron realizar sus viajes.
En febrero de 2020, FACUA se puso en contacto con la Agencia para conocer el estado de la denuncia y si se había realizado alguna actuación por parte del organismo, ya que tras más de dos años desde su interposición no había recibido ninguna comunicación. La AESA respondió entonces que había determinado "la concurrencia de posibles infracciones al Reglamento (CE) nº261/2004 que conllevaron diversos expedientes sancionadores por estas infracciones".
Esto motivó que la asociación solicitara a la Agencia información sobre la situación de dichos expedientes sancionadores, de los motivos por los que se imponían las multas y de las cuantías.
La AESA informó a Ryanair de la petición
En junio de 2020, la AESA envió un comunicado a FACUA en el que indicaba que, según la normativa de Transparencia, concedía a Ryanair un plazo de "quince días para que se pronuncie sobre el acceso a dicha información" antes de dictar resolución. Plazo que fue posteriormente ampliado a un mes para dar lugar a la aerolínea a responder a la petición.
Ryanair se opuso entonces al acceso a la información bajo el pretexto de que darla a conocer "puede perjudicar gravemente los intereses legítimos económicos y comerciales de Ryanair, permitiéndole a FACUA dañar la imagen y reputación" de la aerolínea. La Agencia, sin embargo, desestimó la oposición de la compañía y resolvió afirmativamente la solicitud de la asociación de conocer las sanciones y su cuantía.
La aerolínea decidió entonces interponer un recurso contencioso-administrativo contra el dictamen de la AESA para evitar que la asociación pudiera acceder a dicha información.
El juez ha permitido el acceso a FACUA
La actitud de Ryanair demoró una vez más la posibilidad de que FACUA conociera las sanciones. En octubre de 2020, la AESA informó a FACUA de que mientras "no exista un pronunciamiento judicial favorable, no se podrá proceder a dar acceso a la información solicitada".
Sin embargo, la sentencia judicial, con fecha de 27 de julio de 2021, confirmó y declaró ajustada a derecho la resolución de la Agencia que daba acceso a la asociación a la información sobre las sanciones impuestas.
Hasta cuatro incumplimientos
Así, la información sobre las multas que la AESA trasladó finalmente a FACUA en octubre de 2021 ha confirmado que Ryanair fue sancionada con un total de 2.956.000 euros por cuatro incumplimientos del Reglamento europeo 261/2004 y de la Ley de Seguridad Aérea (LSA).
La primera de las cuatro multas, de 943.500 euros, se impuso por una infracción del artículo 37 punto 2 apartado 2) de la LSA al no informar "de forma precisa y veraz de los derechos consistentes en atención, compensación y transporte alternativo que asisten a los más de diecinueve mil pasajeros afectados por la cancelación".
Una segunda multa, de 1.054.500 euros, por no asistir "a los pasajeros en los términos exigidos por la normativa". El apartado 1) del artículo anteriormente citado obliga al cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 261/2004.
Entre las obligaciones de la normativa europea se encuentra "la conducción hasta el destino final en condiciones de transporte comparables lo más rápidamente posible". La AESA sancionó a Ryanair con otros 888.000 euros por no cumplir con esta obligación.
Por último, la cuarta de las multas, de 70.000 euros, fue impuesta porque "Ryanair no dio cumplimento en tiempo y forma al requerimiento de AESA efectuado el 10 de octubre de 2017 en las actuaciones previas, impidiendo así el buen fin de las actuaciones de investigación aeronáutica".
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