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El Gobierno ha compartido con los agentes sociales los principales avances en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con importantes progresos en el ámbito de las inversiones y las reformas clave para una reindustrialización en clave verde y digital.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presidido hoy la reunión de la Mesa de Diálogo Social sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la que han asistido otros miembros del Gobierno: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el Secretario General del Departamento de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha; el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García; los Presidentes de CEOE y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
La reunión se ha desarrollado en un tono constructivo en torno a la hoja de ruta compartida que constituye el Plan de Recuperación.
España lidera la ejecución del Plan
España, que ya recibió 9.000 millones de euros en prefinanciación de los fondos Next Generation EU en agosto, es el país más avanzado en la ejecución del Plan de Recuperación y ha solicitado ya el primer desembolso a la Comisión Europea, por un importe de 10.000 millones de euros, tras el cumplimiento de 52 hitos, la mayoría reformas estructurales.
Desde enero de 2021, y gracias a la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para este año, el Gobierno ha lanzado programas de inversión y convocatorias de ayudas en el ámbito de la transición verde, digitalización, educación, formación profesional, industria, turismo, agricultura y pesca, ciencia, cultura y política social y empleo. También ha acordado con las Comunidades Autónomas la transferencia de 10.500 millones de euros para inversiones transformadoras en todo el territorio.
Inversiones estratégicas y reformas estructurales
En los últimos meses, el Gobierno ha impulsado los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTEs). El pasado mes de julio, el Gobierno aprobó el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), para impulsar la industria del automóvil y dar respuesta a la nueva movilidad sostenible y conectada.
Se han anunciado ya el PERTE del Español y la Nueva Economía de la lengua, para el impulso estratégico del español en ámbitos como la inteligencia artificial, el turismo, la ciencia o la cultura y el PERTE de Salud de Vanguardia, centrado en la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva en el Sistema Nacional de Salud. El Gobierno también está trabajando en el PERTE Aeroespacial y el de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible.
Como paso previo a la puesta en marcha de muchas de las inversiones del Plan de Recuperación, se han lanzado ya 27 manifestaciones de interés (MDI) por parte de los distintos ministerios -de las cuales 11 se corresponden con iniciativas del ámbito digital, como Spain Neurotech o la consulta sobre el Programa Nacional de Algoritmos Verdes- para ajustar los instrumentos de ejecución a las necesidades del tejido empresarial y los ciudadanos.
En el ámbito de las reformas, el Gobierno ha cumplido importantes hitos que ponen a España en una posición de liderazgo en cuanto a la ejecución del Plan, como la aprobación de la Ley de Cambio Climático, la Ley de Reforma Educativa, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Rider o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital.
Además, se ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Startups, la Ley Crea y Crece, se ha avanzado en la reforma de la Ley Concursal, y esta semana el Gobierno ha adoptado el proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones.
En el curso de este último trimestre, y en el marco del diálogo social, está prevista la aprobación de un paquete de reformas destinado a europeizar el mercado laboral, fomentando la generalización de la contratación indefinida, la modernización de la negociación colectiva y de la subcontratación junto a la introducción de un mecanismo de flexibilidad y sostenibilidad del empleo ante las crisis.
Agenda transformadora de inversiones y reformas
La aceleración en el despliegue de reformas e inversiones en todo el territorio impulsará un crecimiento sólido, inclusivo y equilibrado en el último trimestre del año y a lo largo de 2022.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge una agenda de reformas, alineada con la desplegada desde hace casi tres años y recogida en la Agenda del Cambio presentada en febrero de 2019, que busca aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía, su capacidad de crear empleos de calidad en todo el territorio nacional, de reforzar el Estado de bienestar y de reducir las brechas sociales y de género ampliadas desde la crisis financiera.
A través de los 30 componentes del Plan, se recogen las inversiones y reformas necesarias para fortalecer y modernizar las principales palancas que determinan la estructura y trayectoria económica del país.
"Los agentes sociales juegan un papel clave para hacer realidad este Plan de país, que requiere del trabajo de todos, las administraciones públicas, el sector privado y el conjunto de la ciudadanía, para modernizar nuestra estructura productiva e impulsar una recuperación fuerte, sostenida, sostenible y justa", ha destacado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al término de la reunión.
Agilidad y eficiencia en la ejecución
El pasado 22 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley para la modernización de la Administración Pública y la ejecución del Plan. Se trata de medidas para mejorar la gestión de los fondos europeos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación para el periodo 2021-2026.
Una reforma que mejora la agilidad y la eficiencia de la administración acelerando los procesos de contratación y colaboración del sector privado y público y eliminar los cuellos de botella normativos, sin poner en riesgo las máximas garantías de control y transparencia.
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