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El Parlamento de Canarias ha aprobado instar al Estado español a declarar la inadmisión de cualquier solicitud de concesión de explotación minera de los fondos marinos del archipiélago. Canarias se suma así a las administraciones u organismos públicos que solicitan la aplicación de una moratoria para la minería submarina.
Con anterioridad, el Congreso Mundial da Natureza da UICN, reunido en Marsella, solicitó a todos los Estados miembros, entre ellos España, que apoyaran una moratoria sobre la minería dos fondos marinos, la emisión de nuevos contratos de explotación y exploración, y la adopción de regulaciones de minería dos fondos marinos para la explotación, incluídas las regulaciones de ‘explotación’ por parte da Autoridade Internacional dos Fondos Marinos (ISA).
En Galicia la flota pesquera sería una de las más expuestas a la afición de los recursos pesqueros, ya que los efectos de la minería submarina podrían afectar el 15 % de sus capturas de túnidos en el Océano Pacífico y el 10 % de las capturas de barcos gallegos en la dorsal del Atlántico. Varios ayuntamientos gallegos aprobaron resoluciones solicitando la moratoria y el Bloque Nacionalista Galego registro en el Parlamento gallego una moción en el mismo sentido.
Ecologistas en Acción alerta del creciente interés por potenciales depósitos minerales en aguas del Estado español (incluido el llamado “Banco de Galicia” frente a las dorsales gallegas, que ya sufrió el hundimiento del Prestige). De llevarse a cabo, aseguran desde la organización ecologista, pondría en riesgo los principales caladeros de proximidad.
La minería submarina se convirtió en una de las principales amenazas a la integridad de los fondos marinos, un ambiente muy poco conocido y estudiado. Se trata de una actividad con enormes impactos potenciales, desde los efectos tóxicos de las plumas de sedimentos y metales pesados en toda la cadena trófica, hasta la liberación de gases de efecto invernadero secuestrados en los fondos oceánicos, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina.
La destrucción o extinción de especies, provocadas por la minería submarina, podría impedir además el descubrimiento de nuevos medicamentos asociados a formas de vida de las profundidades oceánicas. Sin ir más lejos, el test de la COVID–19 se desarrolló utilizando una enzima aislada de un microbio que se encontró en respiraderos hidrotermales de aguas profundas, un hábitat muy escaso y ahora bajo la amenaza de la minería de aguas profundas.
Numerosos organismos y entidades, como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia (LDAC), el Consejo Consultivo para las Especies Pelágicas (PelAC), WWF, Greenpeace, Fauna&Flora International, Ecologistas en Acción y Deep Sea Coalition, entre otras, documentaron y alertaron sobre los impactos conocidos o probables de la minería submarina. Además, empresas del sector de la tecnología y de la automoción como Google, BMW, Volvo, Philips o Samsung suscribieron una llamada conjunta para una moratoria sobre la minería de aguas profundas comprometiéndose a no obtener ningún recurso minero del lecho marino.
Recientemente, el Parlamento Europeo hizo un llamamiento en su resolución de 9 de junio de 2021 sobre la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030 “Devolver la naturaleza a nuestras vidas” (2020/2273(INI)) pidiendo (párrafo 184) a los Estados miembros “que promuevan una moratoria, también en el alta Autoridad para los Fondos Marinos, sobre la minería submarina hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente los efectos de la minería submarina en medio ambiente marino, la biodiversidad y las actividades humanas en el mar y se pueda gestionar la minería submarina para garantizar que no se pierda biodiversidad marina ni se degraden los ecosistemas marinos”.
Ante la imperiosa necesidad de evitar este desastre ambiental, Ecologistas en Acción solicita a las administraciones locales, provinciales y autonómicas que insten al Gobierno del Estado para que promueva y defienda ante la Alta Autoridad de los Fondos Marinos (ISA) una moratoria de la minería submarina hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente sus efectos en medio ambiente marino, la biodiversidad y las actividades humanas en el mar y se pueda gestionar la minería submarina para garantizar que no se pierda biodiversidad marina ni se degraden los ecosistemas marinos.
La organización ecologista también solicita que se inste al gobierno del Estado español para que adopte una prohibición de la minería submarina en las aguas bajo su jurisdicción nacional y excluya explícitamente la posibilidad de realizar esta actividad en las Áreas Marinas Protegidas y Áreas Marinas de Importancia Ecológica Biológica.
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