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A pesar que el verano de 2021, en cuanto a precipitaciones, ha sido más húmedo de lo normal, nuestro país ya tiene a la cuenca del Guadalquivir declarada en sequía y otras, como la del Guadiana, Duero, Guadalete-Barbate, Mediterráneas andaluzas, Segura o Miño-Sil, están por debajo del 40% de sus reservas. Greenpeace se ha desplazado hasta Andalucía para mostrar, en imágenes, la situación hídrica de parte de nuestro país.
Los informativos llevan semanas hablando de lluvias, DANAS y desbordamientos en distintos puntos del país, pero estas precipitaciones, abruptas y desiguales, no garantizan las reservas de agua necesarias para todo nuestro territorio. Este domingo se celebraba el Día Mundial del Suelo y cabe alertar de que España sigue siendo el país de Europa con mayor riesgo de desertificación: el 75% de su territorio se encuentra en peligro de sufrirla y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible.
El problema de la falta de agua no solo se debe a la disminución de las precipitaciones (agravada por la crisis climática), sino que depende también de la mala gestión de los recursos hídricos (regadíos industriales, trasvases, pozos ilegales, exportación…) y del grado de contaminación de las aguas (por factores como la industria, las macrogranjas, la agricultura intensiva…). La cuenca del Guadalquivir es un buen ejemplo de este problema. Allí se pretende justificar como «sequía» una situación de escasez hídrica, que ha sido provocada por la enorme demanda de recursos hídricos por parte de los regadíos de uso intensivo (especialmente el olivar). Sin embargo, cabe recordar que ninguna de las subcuencas de la demarcación del Guadalquivir ha superado el umbral de “sequía meteorológica”, es decir, no ha habido escasez de precipitaciones propiamente.
“Cuando estamos en pleno proceso de presentación de alegaciones al plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, es preocupante la apuesta que este plan hace por el olivar intensivo e hiperintensivo, que puede llevar al colapso hídrico de la misma. Deberíamos planificar ya una transición hídrica justa para el sector agrícola andaluz, adaptada a los escenarios de cambio climático”, explica Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.
Greenpeace ha recorrido Andalucía para mostrar, en imágenes, las causas y efectos del problema del agua en nuestro país. Su principal cuenca hidrográfica, la del Guadalquivir, fue declarada oficialmente “situación excepcional por sequía extraordinaria” el día 2 de noviembre. Según Julio Barea, responsable de agua en Greenpeace, “las imágenes muestran una realidad alarmante y no se puede seguir mirando para otro lado. Es imprescindible cambiar el modo en el que administramos los recursos naturales para mitigar los efectos de la desertificación y las sequías venideras”
Dichas imágenes señalan la interacción en el problema de aspectos como:
-Agricultura. Se ha apostado por un cambio en el modelo de producción agrícola modificando masivamente el regadío hacia el intensivo e industrial. Es el caso del olivar en toda Andalucía y en otras regiones, que ha pasado a ser el mayor consumidor de recursos hídricos de la comunidad andaluza. O el de los almendros, otro cultivo de secano, donde se han puesto en riego más de 100.000 hectáreas en solo 7 años. Ahora se está apostando también por cultivos tropicales, como el aguacate o el mango, que son grandes consumidores de agua al necesitar más de 8.000 metros cúbicos por hectárea.
-Embalses. España es el país con más embalses per cápita del mundo, y sin embargo, actualmente nuestras reservas de agua superficial apenas alcanzan el 39%. Esto es debido principalmente al consumo descontrolado y la mala gestión. Ello nos ha hecho tener toda nuestra red fluvial segmentada y gravemente afectada, en detrimento de la biodiversidad y del buen estado de nuestras aguas. Y, a pesar de ello, siguen en pie algunos nuevos proyectos de construcción y recrecimiento de estas infraestructuras hidráulicas.
-Contaminación. Uno de los principales problemas de nuestras aguas son los vertidos y la contaminación. Especialmente grave es el aporte de nitratos y fosfatos procedentes de la ganadería industrial (existe un creciente número de macrogranjas repartidas por toda la geografía española), y los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales que, por su volumen y toxicidad, suponen una grave afección a la calidad del agua.
-Robo de agua y pozos ilegales. Existen en nuestro país más de un millón de pozos ilegales que extraen, sin control, el equivalente a lo que consumiría una población de más de 110 millones de personas. Estas aguas son un bien público y serán imprescindibles para gestionar con mayores garantías futuras sequías. No controlar estas ilegalidades supone un gravísimo problema que pagaremos en los próximos años.
Con el fin de mejorar la gestión del agua, Greenpeace considera urgente:
Cambiar la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras.
Luchar contra el grave estado de contaminación que sufren nuestras aguas continentales (superficiales, subterráneas y costeras).
Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
Garantizar el equilibrio entre las demandas de recursos y los recursos realmente disponibles, asumiendo los límites actuales de cada demarcación hidrográfica y previendo la reducción de las aportaciones que traerá consigo el cambio climático.
Poner freno a la edificación y a la construcción de instalaciones muy demandantes de agua (campos de golf, parques temáticos…), especialmente salvaguardando emplazamientos cercanos a espacios protegidos o costas.
Controlar los volúmenes de agua realmente utilizados y erradicar los usos irregulares de agua, empezando por los pozos ilegales
Establecer una hoja de ruta de cara a incrementar la superficie dedicada a la agricultura ecológica y el uso de variedades locales adaptadas al clima.
Reconversión del regadío intensivo y superintensivo a explotaciones pequeñas y medianas, sostenibles, diversificadas, de bajo consumo de agua, que contribuyan al equilibrio territorial y al asentamiento de la población rural.
Orientar la política hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento del agua, que sea sostenible en términos ambientales y sociales, siendo imprescindible iniciar una transición hídrica justa.
Prohibir los nuevos proyectos de ganadería industrial y apoyar la producción extensiva, local, de calidad y ecológica.
Establecer la hoja de ruta que logre la transformación completa del sistema energético actual hacia un sistema 100% renovable.
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