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Con el supuesto propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte, la Unión Europea (UE) -y sus Estados miembros como España- ha impulsado el uso de agrocombustibles en el transporte por carretera, aéreo y marítimo. Pero la producción de combustibles conlleva importantes impactos sociales y medioambientales como la destrucción de bosques tropicales.
Hoy podemos afirmar que el plan de la UE de promover el uso de combustibles a partir de biomasa como una de las medidas estrella para frenar el calentamiento global no sólo fue un gran fracaso, sino que agravó la crisis ambiental global.
Además, ha sido una de las políticas más incoherentes de la historia. En vez de reducir las emisiones de la quema de combustibles fósiles, los «biocombustibles» como el aceite de palma, soja o la caña de azúcar y el maíz, han provocado graves impactos sociales, climáticos y de destrucción de biodiversidad, así como en el suministro de alimentos y los medios de vida y la soberanía alimentaria de las comunidades locales del Sur global y la propia UE.
En la primera Directiva sobre «biocarburantes» de 2003, la Comisión Europea adoptó unos objetivos indicativos del 2 % para 2005 y del 5,75 % para 2010 con respecto al uso de agrocombustibles en el transporte. Para alcanzar estos objetivos, la Comisión aprobó disposiciones legales que permitían a los Estados miembro aplicar incentivos fiscales a los agrocombustibles. Todo ello incrementó fuertemente la demanda de biomasa importada de terceros países, lo que motivó, a su vez, la deforestación a gran escala para cultivar materias primas con fines energéticos.
Entre 2005 y 2007, la UE promovió el paquete energético y la Directiva sobre calidad de los carburantes fijando un objetivo obligatorio para el uso de agrocombustibles en el transporte. La Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (2009/28/CE) asignó un objetivo vinculante mínimo del 10 % para todos los Estados miembros, con relación al porcentaje de biocarburantes sobre el conjunto de los combustibles (gasóleo y gasolina) de transporte consumidos en 2020.
La relación entre la política de biocombustibles de la UE y la deforestación
En una década, el consumo se multiplicó por diez, según Eurostat. En Indonesia y Malasia, se arrasaron gran parte de sus bosques tropicales para exportar aceite de palma y las consecuencias para las comunidades locales han sido devastadoras. Como ejemplo, la deforestación en Indonesia ha sido superior a la superficie de Alemania. Según un informe de Transport & Environment, durante la última década se necesitaron unos 8,4 millones de hectáreas de tierra para cultivar la colza, la palma, la soja y el girasol con los que producir biocombustibles.
Teniendo en cuenta que la UE ya importaba grandes cantidades de materias primas producidas de forma muy insostenible, como soja y aceite de palma, para alimentación humana, piensos animales, productos industriales y otros fines, era evidente que el objetivo vinculante del 10 % agravaría los impactos sobre la biodiversidad, el clima y las personas desplazadas por la agroindustria.
Una serie de estudios, encargados por la propia Comisión Europea, han demostrado que el uso de agrocombustibles tanto de palma aceitera como de soja supone un aumento neto de las emisiones de gases de efecto invernadero en lugar de una reducción. Al ignorar este hecho, el enfoque de la UE sobre los biocombustibles está causando un daño devastador a grandes franjas de los ecosistemas naturales de Sudamérica, Asía y también en África.
La movilización social, las denuncias de las comunidades afectadas y los estudios científicos obligaron a Bruselas a rectificar parcialmente. Tras analizar su impacto en la deforestación y los cambios que producen en el uso del suelo —que aceleran el cambio climático—, la UE prometía limitar los carburantes generados a partir de materias primas alimentarias.
A la luz de las evidencias científicas, en 2018 se desarrolló la nueva Directiva Europea de Energías Renovables (DER II) que, sin establecer un camino claro para eliminar los agrocombustibles basados en cultivos alimentarios, considera insostenible el biodiésel de aceite de palma, o de alto riesgo debido a la deforestación que lleva asociado su cultivo. Esto significa que el volumen de aceite de palma utilizado para carburantes se reducirá progresivamente hasta el 0 % en 2030.
Empujando los ecosistemas de Sudamérica hacia el colapso
Sin embargo, la actual política de biocombustibles de la UE está impulsando la demanda de soja. Primero porque la eliminación del aceite de palma no hará más que aumentar el uso de la soja en la mezcla de biocombustibles. Segundo, porque no existe una rectificación semejante para los agrocombustibles basados en la soja, a pesar de que la expansión de las plantaciones de soja es una de las principales causas de la deforestación en América del Sur.
En Brasil, la expansión masiva de los monocultivos de la soja está llevando la deforestación y los incendios forestales a nuevas cotas. Esta destrucción desenfrenada genera enormes emisiones de carbono al tiempo que causa un daño irreparable a la biodiversidad del planeta.
El problema es especialmente grave en la selva amazónica oriental y en la vecina región del Cerrado así como el Pantanal y el Gran Chaco, donde se arrasan bosques, sabanas y humedales para dar paso a las plantaciones de soja. Además de albergar una biodiversidad incalculable y almacenar inmensas cantidades de carbono, estos ecosistemas forestales sostienen directa e indirectamente los medios de vida de millones de personas en toda Sudamérica. Por lo tanto, tanto las personas como el clima sufrirán si se permite que esta destrucción continúe.
Además, otra investigación vincula la deforestación, los incendios forestales y la intimidación de las comunidades locales con las cadenas de suministro de Bunge y Cargill que también venden su mercancía en España. Las comunidades sufren acaparamientos de tierra, violencia y amenazas de muerte por parte de empleados y personal de seguridad de explotaciones que suministran soja a estas multinacionales. Estas dos empresas deberían estar perseguidas judicialmente por comercializar soja cultivada en tierras deforestadas y en conflicto.
En otras palabras: la política de biocombustibles de la UE y las empresas que se lucran de ella provocan una destrucción ecológica y social generalizada, empujando algunos de los ecosistemas más importantes hacia su punto de ruptura.
En el caso de la Amazonia, décadas de deforestación han llevado al bosque tropical más grande del mundo a una situación de colapso ecológico, también conocida como «punto de inflexión».
El aumento de las inundaciones, las sequías y los incendios son una clara señal de advertencia de que la Amazonia está muy cerca de este punto de no retorno o incluso justo en él. Como gran parte de Sudamérica depende del Amazonas y sus ríos voladores para su suministro de agua dulce, estos fenómenos meteorológicos extremos tienen un impacto masivo en la población que vive en el Amazonas, pero también en lugares más lejanos como Argentina. Y lo que es peor, también aumentan la liberación de carbono de la zona, acelerando el cambio climático.
Si este círculo vicioso continúa, una gran parte de la Amazonia se convertirá en sabana. La sabana tropical que ahora se encuentra al sur del Amazonas, el Cerrado, se convertirá en desierto.
Si la UE permite que esto ocurra, millones de personas se quedarán sin sustento. Sin agua y con enormes dificultades para cultivar sus alimentos. La misma industria que ha causado esta destrucción —la producción de soja y carne— se derrumbará.
Un rápido cese de la deforestación y un esfuerzo masivo para restaurar parte de lo perdido aún pueden sacarnos de este escenario distópico.
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