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Una menor migrante en un centro de menores en Gran Canaria / AI
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Amnistía Internacional, tras seguir durante más de quince años la situación de los derechos humanos en Canarias y realizar este mismo año dos misiones de investigación a las islas, relata en un nuevo informe la saturación de los centros de recepción de personas refugiadas e inmigrantes, unas condiciones indignas de acogida que se prolongaron en el tiempo, y la falta de protección adecuada de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como los niños y niña no acompañados, o las mujeres víctimas de trata, en el marco de un sistema de asilo degradado.
Canarias ya experimentó una situación parecida en 2006, con la denominada “crisis de los cayucos”, cuando hasta 30.000 personas migrantes y refugiadas llegaron a las islas. Sin embargo, la infraestructura de acogida no se mantuvo y en 2020, a pesar del creciente número de llegadas, tuvo que “improvisarse”, cuando la situación ya era insostenible, el Plan Canarias, con un planteamiento que ha resultado claramente insuficiente.
Falta de acceso a información y a asistencia letrada, condiciones de acogida indignas y problemas estructurales para acceder a procedimientos de asilo: son algunas de las denuncias que Amnistía Internacional lleva casi un año haciendo sobre violaciones de derechos humanos a personas migrantes y refugiadas en las islas Canarias. A esto se añade, además, la falta de un protocolo adecuado y temprano para identificar los perfiles más vulnerables, y el desamparo en el que se encuentran los niños no acompañadas. La organización lamenta, tras un año analizando la situación en Canarias, que la gestión de los flujos migratorios esté diseñada sobre este modelo fallido que tanto sufrimiento está causando, y que degrada el acceso a protección internacional de miles de personas.
“Aunque las llegadas masivas plantean importantes retos, éstas no son inesperadas ni excepcionales, y las autoridades españolas se han enfrentado a situaciones similares a lo largo de las últimas décadas, pero la respuesta es siempre la misma: políticas basadas en la contención y la disuasión, que no solo no funcionan, sino que traen consigo violaciones de derechos humanos”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Ya no hay tiempo para más excusas ni improvisaciones, es hora de abordar las deficiencias de un sistema de protección internacional que depende en exceso de las organizaciones que, aunque cumplen un papel muy importante, no pueden suplir el papel del Estado”, añade.
Los perfiles más vulnerables
España no tiene un procedimiento o mecanismo formal estandarizado para la detección de perfiles vulnerables, por lo que la responsabilidad recae, en la mayoría de los casos, sobre las organizaciones. Esa falta de criterios comunes para garantizar la adecuada detección de personas necesitadas de protección internacional o de personas en situación de vulnerabilidad por parte de la administración y la ausencia de medios para realizar evaluaciones individuales ha provocado un colapso en 2020 que comprometió seriamente la identificación de las personas vulnerables.
B. S., senegalés que huyó de la persecución y el rechazo que vivía en su país de origen por su orientación sexual, relató con angustia a Amnistía Internacional la frustración que supusieron para él los cinco meses que llevaba ya esperando en Canarias su traslado a la Península: “Ya he tenido tres entrevistas, pero todavía no me han dado la tarjeta roja. Estoy mal. He dado toda la información pero solo me dicen que espere. Mis amigos ya pasaron a la Península hace un mes”, señalaba, además de añadir que había sufrido amenazas por parte de otros residentes en el macrocentro de Las Canteras donde había sido enviado durante un tiempo.
Mientras permanecen en las islas, a Amnistía Internacional le preocupa que en algunos centros de acogida no se haya incorporado un enfoque de infancia también con los niños y niñas que viajan con sus familiares. Es necesario que estos centros puedan ofrecer recursos y cuenten con las condiciones adecuadas para atender sus necesidades específicas como, por ejemplo, atención psicológica para aquellos menores que sufren estrés postraumático como consecuencia de los peligrosos viajes en los que se embarcan a edades muy tempranas.
Aunque se está trabajando en un protocolo para la elaboración de estándares comunes para la detección de vulnerabilidades con la EASO (Oficina Europea de Apoyo al Asilo), Amnistía Internacional lamenta los retrasos en la aplicación de estos procedimientos, así como la falta de un enfoque de género para detectar, entre otras cosas, posibles víctimas de trata de personas o de violencia de género. Es el caso de Fátima, marroquí de 31 años que llegó a Tenerife después de huir de su país tras ser violada y quedarse embarazada y soportar el rechazo de su familia. No ha recibido atención psicológica: “Hay noches que no puedo dormir. Lo peor es la incertidumbre”, lamenta.
A estos perfiles se añaden otros también vulnerables como son los y las menores, especialmente cuando llegan no acompañados por algún familiar. Amnistía Internacional ya ha denunciado como más de mil menores están pendientes de algún trámite como, por ejemplo, las pruebas que determinen su edad, después de más de un año de espera en algunos casos. “El abandono que sufren se incrementa conforme cumplen los 15 años, y la consecuencia de los retrasos en las pruebas que determinan su edad puede ser la más grave: acabar en la calle. Pero también es preocupante el proceso de espera y desinformación al que son sometidos, que incrementa su ansiedad”, denuncia Virginia Álvarez, responsable de investigación y Política Interior en Amnistía Internacional.
Fabrice, que llevaba ya un año en Canarias, contó a Amnistía Internacional que salió de Camerún con tan solo 15 años, y, tras un viaje de dos años, llegó a España con 17. Recuerda de manera traumática el viaje en la patera, donde apenas tuvieron agua en los dos días y medio de trayecto y en el que falleció una mujer. A su llegada permaneció dos semanas en un lugar que no identifica, donde le tomaron las huellas y fotos, y le quitaron el móvil, por lo que no pudo comunicarse con su familia hasta una semana después de haber llegado.
“Otros dos chicos y yo dijimos que éramos menores de edad, pero no me hicieron ninguna pregunta. Después de esas dos semanas me llevaron a un centro de menores. Cuando me hicieron la prueba de mi edad, no me explicaron qué me iban a hacer, me miraron la mano [radiografía de la muñeca] los dientes [prueba odontológica] y los genitales”, relata.
Amnistía Internacional también ha investigado varios casos preocupantes de castigos abusivos, insultos de corte racista y abusos contra menores por parte de educadores que deben ser adecuadamente investigados, entre los que se encuentra un incidente de uso excesivo de la fuerza en el centro de menores de Tindaya. “Es fundamental que existan mecanismos adecuados de supervisión e inspección de este tipo de centros, garantizando que aquellos que pueden sufrir abusos puedan denunciarlos sin miedo a ningún tipo de represalias”, indica Virginia Álvarez.
Canarias, junto a Ceuta y Melilla, son actualmente las regiones españolas que afrontan un mayor peso en la gestión migratoria. Amnistía Internacional lamenta la falta de una mayor implicación de las autoridades a nivel estatal que conduce a mantener a los niños y niñas no acompañados en Canarias y que no sean enviados a otras comunidades autónomas con recursos menos colapsados; y que esta falta de solidaridad interterritorial haya saturado seriamente el sistema de acogida de menores en Canarias. Sólo seis comunidades autónomas han ofrecido plazas para niños y niñas no acompañados llegados a Canarias, y el número de menores que han sido trasladados a la Península es inferior a 200, en total.
Es urgente que se establezca un mecanismo de solidaridad interterritorial para garantizar una adecuada acogida a estos niños y niñas, con independencia de la ciudad o comunidad autónoma a la que lleguen.
Un sistema de protección degradado
Apenas un 4,4% de las personas que han solicitado asilo en España (3.083 del total de 88.826) lo han hecho en las islas Canarias, a pesar del incremento en las llegadas. Amnistía Internacional considera que los principales factores que contribuyen a este número tan bajo de solicitudes son la falta de acceso a información, y asistencia letrada e intérprete adecuadas, así como las demoras y obstáculos para formalizar las solicitudes de asilo en las islas. Prácticamente todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional en abril y en octubre de 2021 señalaron que los agentes de policía no les informaron sobre sus derechos durante su estancia en los CATE (Centro de Atención Temporal para Extranjeros) y la asistencia letrada, cuando la hay, ha sido inadecuada e insuficiente, y en muchos casos realizada de manera grupal, atendiendo a seis o siete personas al mismo tiempo. Aunque lo sucedido en el muelle de Arguineguín, donde se emitieron órdenes de devolución sin la presencia de asistencia jurídica, fue una de las situaciones más graves, no fue la única. Entre las personas migrantes entrevistadas por AI un total de 34 no supieron decir si habían recibido asistencia letrada en el CATE o en la comisaría, cuando la policía inició procedimientos de devolución contra ellas.
Mamadú, de Guinea Bissau, que había manifestado su voluntad de pedir asilo tras la gestión realizada por Cruz Roja, y que llevaba dos meses a la espera de recibir una cita para formalizar la petición de asilo, declaró a Amnistía Internacional: “No tuve ningún tipo de información cuando llegué, no sé si cuando estuve con la policía había un abogado”. Lasme, de Costa de Marfil, contó a la organización que cuando la policía le entregó un papel cree que había un abogado, pero nadie habló con él.
A esto se añade la falta de intérpretes suficientes o que dominen la lengua de las personas migrantes y refugiadas de manera que muchas de ellas tienen que acudir a un servicio telefónico de traducción.
En su informe, Amnistía Internacional también analiza otros obstáculos que las personas que llegan a las islas están enfrentando a la hora de acceder a procedimientos de asilo justos y eficientes. Demoras de más de un año para la realización de la entrevista de asilo, falta de instrucciones y protocolos estandarizados que provocan diferencias en los procesos de asilo dependiendo de la isla donde se inicien; y también la falta de formación especializada y de recursos humanos que, aseguren, como marcan las leyes internacionales, las evaluaciones individualizadas de las solicitudes de asilo son algunos de los problemas que se encuentran. La medida adoptada conocida como la "declaración de la voluntad de asilo", un documento que reconoce la voluntad de solicitar protección internacional, no es más que un parche, ya que muchas personas han tenido que esperar más de un año para poder realizar la entrevista de asilo. Con posterioridad a su cumplimentación, la persona deberá esperar a ser nuevamente citada para realizar la entrevista que formaliza la petición de asilo.
“Las autoridades españolas están utilizando el mal funcionamiento del procedimiento de asilo y sus carencias para justificar que no haya muchas solicitudes de asilo en las islas.
Pero es el propio sistema el que está desalentando solicitar asilo a las personas que huyen de violaciones de derechos humanos. Y, como consecuencia, se está degradando el acceso a la protección internacional, poniendo a España en evidencia por no cumplir con sus obligaciones en esta materia”, indica Esteban Beltrán. Uno de los ejemplos más graves de esta degradación fueron las devoluciones a Mauritania de personas procedentes de Malí en 2020, a pesar de los llamamientos del ACNUR para que se protegiera a los ciudadanos malienses afectados por el conflicto, y de que España tiene la responsabilidad de respetar el principio de no devolución, por el cual debe abstenerse de devolver a cualquier persona a un país en el que pueda correr peligro de graves violaciones de derechos humanos, incluida la devolución indirecta.
También los niños y niñas no acompañados están encontrando obstáculos para acceder a protección internacional: la falta de información sobres sus derechos, la falta de formación del personal para que puedan identificar a los niños y niñas necesitados de protección internacional o retrasos en las pruebas de determinación de la edad les coloca en una situación vulnerable. Según los datos de Eurostat, en 2020 sólo se habían tramitado en España 45 solicitudes de asilo del total de menores que llegaron, realizadas por infancia no acompañada, 30 niños y 15 niñas. En 2021 se habrían detectado 300 menores en necesidad de protección internacional según la Directora de Protección a la Infancia de Canarias.
Sin lecciones aprendidas desde la “crisis de los cayucos”
La organización lamenta que las islas no estuvieran preparadas para una crisis que no ha sido inesperada. “A la falta de recursos para dar una acogida digna hubo que sumar los obstáculos que el Ministerio del Interior impuso a la libre circulación de personas migrantes hacia la Península, retrasando o denegando los traslados” lamenta Virginia Álvarez, que recuerda que en 2020 solo se trasladaron a cerca de 3.000 personas, de las más de 23.000 que habían llegado a las islas. “Todo ello sin hablar del confinamiento forzado que en algunos casos alcanzó situaciones extremadamente graves; así como las detenciones arbitrarias que, con la excusa de la COVID-19, llevaron a superar el máximo de 72 horas que permite la ley para detener a personas con fines de identificación e inscripción”, añade.
Aunque gracias al Plan Canarias se crearon un total de 7,000 nuevas plazas de acogida, la realidad es que este proyecto no llegó ni a la isla de El Hierro ni a Lanzarote, a pesar de que en ambas islas también se registran numerosas llegadas de personas migrantes y refugiadas con 1.754 y 3.518 personas respectivamente. En El Hierro no existe ni siquiera la posibilidad de solicitar protección internacional. Recientemente el Ministerio de Inclusión ha reconocido a AI que la acogida de personas migrantes y solicitantes de asilo fue insuficiente, sobre todo en los primeros momentos, y ha confirmado que en las próximas semanas tiene pendiente la revisión del Plan Canarias, ampliándolo al Hierro y a Lanzarote, con la creación de nuevos espacios, algunos de ellos dedicados íntegramente a perfiles vulnerables.
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