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Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace, Oxfam Intermón y Save the Children se han unido hoy para pedir al Gobierno y a los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales que, en los programas políticos, agendas de gobierno y pactos que se alcancen tras las elecciones generales, se comprometan a suspender las exportaciones de armas a la coalición saudí que interviene en Yemen hasta que no exista riesgo de que se puedan usar para cometer atrocidades.
En un acto organizado esta mañana en Madrid, las cinco ONG han recordado que, según la ONU, el conflicto de Yemen es la mayor catástrofe humanitaria actual, en la que más del 80% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. Mediante la colocación de un contador al que han llamado “El Contador de la vergüenza” han denunciado que, entre 2015 y junio de 2018, España autorizó exportaciones de armas a la coalición saudí que interviene en Yemen por valor de 2.071 millones de euros. Es decir, entre 2016 y noviembre de 2018, en el mismo tiempo en que murió una persona cada 25 minutos a causa del conflicto, España autorizó 30.000 euros en venta de armas a la coalición saudí.
Durante el acto han recordado que las exportaciones a la coalición saudí son ilegales porque violan la legislación española e internacional y que España corre el riesgo de ser cómplice de la comisión de crímenes de guerra.
Cuatro años de barbarie y de datos que matan
Cuando se cumplen cuatro años de bombardeos, ataques sobre población civil, miles de muertos, heridos, hogares y vidas destruidas, las ONG señalan la necesidad de detener el envío de armas a este conflicto para que cese el derramamiento de sangre.
Según Naciones Unidas, entre marzo de 2015 y agosto de 2018 hubo más de 17.640 víctimas civiles en el conflicto, aunque señala que es probable que la cifra real sea mucho mayor. Así, Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) registró 60.223 muertes de civiles y combatientes, sin contar las víctimas del cólera y de la hambruna, entre enero de 2016 y finales de noviembre de 2018.
Las ONG alertan de que los datos del conflicto son demoledores: de una población de 29 millones de personas, 24 millones de ellas, más del 80% de la población de Yemen necesita ayuda para sobrevivir y una de cada tres, fundamentalmente mujeres, niñas y niños, están a un paso de la hambruna. Más de 16 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 15 millones no tienen acceso a servicios sanitarios mínimos ya que los hospitales están cerrando por no tener medios.
Según Save the Children, alrededor de 85.000 menores de cinco años podrían haber muerto por hambre u otras enfermedades desde el inicio del conflicto y al menos uno de cada diez niños se han visto obligados a abandonar sus hogares.
Amnistía Internacional ha documentado 41 ataques aéreos de la coalición saudí que presuntamente violaron el derecho internacional humanitario, muchos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra. Estos ataques causaron 512 muertes de civiles y 433 personas civiles heridas.
Las ONG piden más implicación de España para aliviar el sufrimiento de la población. Desde el inicio del conflicto hasta la fecha, España ha aportado 1,8 millones de euros a Yemen, es decir, 0,01 céntimos por persona por año. Muy lejos de los 37 millones de euros con los que debería contribuir según los cálculos de Oxfam basados en la renta de cada país. En comparación con el valor de la venta de armas, los fondos de cooperación representan el 0,078%. Según Naciones Unidas, de 50 países que contribuyen a la crisis en Yemen, España ocupa el puesto 26, por debajo de la media.
En 2015 el Ministerio de Defensa español firmó un contrato con Arabia Saudí para venderle 400 bombas de precisión estadounidenses. Tras el cambio de Gobierno español el verano pasado, el ejecutivo condenó los asesinatos perpetrados contra la población civil en Yemen en un ataque de la coalición saudí contra un vehículo escolar en agosto que causó la muerte de más de 40 niños. En septiembre de 2018, el Gobierno actual anunció que cancelaría la venta a Arabia Saudí de las 400 bombas y la revisión de las ventas en trámite. Sin embargo, el Gobierno se retractó de su decisión, alegando la necesidad de “honrar un contrato” tras fuertes presiones saudíes, pese a los indicios creíbles de que este tipo de bombas se han utilizado en la comisión de decenas de presuntos crímenes de guerra en Yemen.
Las ONG calificaron de decepcionante que el Gobierno se decantase por los intereses económicos a costa del respeto a los Derechos Humanos.
La buena noticia es que el Gobierno ha asegurado en diferentes foros no haber vendido nada nuevo a los saudíes ni haber firmado nuevos contratos con Arabia Saudí, aunque no ha confirmado si ha revocado las licencias de las autorizaciones pendientes del Gobierno anterior. Solo podrá saberse si esto es así cuando el Gobierno publique, en los próximos meses, el informe anual de exportaciones de 2018 y rinda cuentas ante el nuevo Congreso de los Diputados.
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