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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha enviado esta mañana una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, para solicitar al órgano que integran los obispos españoles toda la información en su haber sobre investigaciones o procedimientos internos de denuncias de agresiones y abusos sexuales en instituciones eclesiásticas.
Delgado, que encuadra su petición en el marco de cooperación del Estado con la Iglesia recogido en la Constitución y en los Acuerdos con la Santa Sede, la justifica por la necesidad de "arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad".
La ministra de Justicia, cuyo departamento es el encargado de coordinar las relaciones del Estado con las distintas confesiones religiosas, recuerda que estas denuncias "han tenido una enorme repercusión pública" y manifiesta su intención de "abordar conjuntamente" con la Iglesia el fenómeno de los abusos sexuales a menores por la "sincera preocupación" que mantienen ambas instituciones por estos hechos.
La carta señala que el Gobierno está tramitando el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que tiene como objetivo otorgar una especial protección a los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional. Uno de los aspectos que esa norma abordará es la ampliación del régimen de prescripción de los delitos de agresión y abusos sexuales a menores cuyo plazo comenzará a contar cuando las víctimas cumplan 30 años.
Delgado explica que estos delitos "sean en el seno de la Iglesia como en cualquier otra institución" no pueden ser ocultados ni considerados como hechos privados", sino que merecen "el máximo reproche social y, cuando proceda, la contundente respuesta del ordenamiento jurídico penal". También recuerda que el pasado martes se dirigió a la Fiscalía General del Estado para que le informara sobre el número y estado de tramitación de todos los procedimientos penales abiertos por este tipo de infracciones en instituciones religiosas.
La ministra subraya los esfuerzos de la Iglesia por erradicar estos comportamientos con la creación del ´Protocolo de actuación de la Iglesia en España para tratar los casos de los delitos más graves cometidos contra la moral por parte de los clérigos´ o el ´Protocolo de actuación según la legislación del Estado´ para abordar estos casos, que obliga a denunciarlos aun cuando hayan tenido conocimiento de ellos en el ejercicio de su ministerio. Además, alaba el compromiso de la Conferencia Episcopal por haber creado una comisión que actualice los criterios a seguir.
También se refiere "a la voluntad del Santo Padre por denunciar esta situación y atajar este tipo de conductas desde su reconocimiento y la compasión hacia las víctimas". "Así lo acredita la convocatoria de los presidentes de las conferencias episcopales para un encuentro en Roma dentro de dos semanas, en el que abordarán conjuntamente el tratamiento de este grave problema que afecta a numerosas Iglesias en todo el mundo", prosigue Delgado.
"Más allá de la depuración de responsabilidades penales, en su caso, es necesario arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad", añade. "Se lo debemos a las víctimas, que merecen una reparación moral a través del reconocimiento de su dolor. Conocer la dimensión de este problema nos ayudará al esclarecimiento de unos hechos que repugnan a toda la sociedad, incluida sin duda la propia Iglesia, evitando extender injustamente la sospecha a toda la institución".
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