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Los países de América Latina y el Caribe no deben poner barreras que impidan la entrada a las personas que huyen de la crisis de derechos humanos en Venezuela, ni regresar a nadie a este país debido al riesgo que corren de sufrir violaciones a sus derechos humanos al regresar, dijo Amnistía Internacional hoy al lanzar la campaña Bienvenida Venezuela.
“Al denunciar la gravísima crisis que azota a Venezuela, los Estados de nuestra región deben ser coherentes con sus palabras y garantizar la protección de las personas que huyen del país. La campaña ‘Bienvenida Venezuela’ es nuestra forma de reconocer la gravedad de las violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en Venezuela y de reiterar nuestro compromiso con las víctimas, tanto dentro como fuera del país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las personas venezolanas necesitan protección internacional. Deben poder solicitar la condición de refugiado u otros mecanismos alternativos para la estadía regular sin restricciones y sin demoras, y deben tener acceso a servicios de salud, educación, trabajo y otros servicios públicos sin discriminación. En ningún caso deben ser devueltas a Venezuela”.
La crisis de derechos humanos en Venezuela sigue aumentando y profundizándose, afectando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de millones de personas. Según la ONU, 3,7 millones de personas han salido de Venezuela en los últimos años y al menos 7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria dentro del país.
Con el lanzamiento de Bienvenida Venezuela, Amnistía Internacional destaca que la crisis requiere medidas inmediatas que aborden las necesidades más urgentes de las personas en Venezuela. Cualquier solución o medida para abordar la crisis debe ser consistente con las obligaciones internacionales de respetar y proteger los derechos humanos y mantener siempre a las víctimas en el centro de las discusiones.
Los líderes de otros países en la región deben apoyar los esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por la crisis de derechos humanos, y reconocer el derecho de las personas que huyen de Venezuela en busca de protección internacional.
Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos buscando soluciones bajo el principio de responsabilidad compartida, reflejado en el Proceso de Quito y su Plan de Acción, así como el Plan Regional de Respuesta de Refugiados y Migrantes (RMRP) para Refugiados y Migrantes de Venezuela propuesto por la plataforma interinstitucional coordinada por el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM).
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