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La propuesta de la fundación cinegética Artemisan, con apoyo de la Federación Española de Caza, dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las Comunidades Autónomas para que los cazadores sean quienes faciliten los datos para el seguimiento y evaluación del estado de las poblaciones cinegéticas pone en entredicho la autoproclamada buena gestión de su actividad que defiende el sector cinegético.
Los cazadores están obligados a hacer un seguimiento de las poblaciones de especies cinegéticas, así como a comunicar a las administraciones las capturas que se realizan, tal y como establecen los planes técnicos de caza, que se deben renovar periódicamente y deben basarse en un adecuado censo de poblaciones.
El problema de esos censos y de los planes técnicos de caza es su nula credibilidad, como demuestra esta misma propuesta. En muchas ocasiones lo que comunican los cotos son datos de otros años o cortas y pega de datos de otros cotos, de manera que ante la pasividad de la administración se justifique que sigan cazando.
Dado que los cazadores son ya «observadores» de las poblaciones cinegéticas, pues tienen que dar datos para cumplimentar esos «planes técnicos de caza», ¿por qué presentan este proyecto? Ellos mismos lo dicen abiertamente: «para reducir los problemas» que en los últimos años se producen por los recursos que interponen organizaciones ambientales y animalistas y que están anulando en los tribunales órdenes de veda y otras normativas cinegéticas.
El objetivo de esta propuesta es evidente. Como los tribunales están anulando las órdenes de veda y planes de gestión, como los del lobo, por ausencia de informes técnicos o científicos que los justifiquen o porque los datos de esos informes no avalan las pretensiones de los cazadores y de las administraciones, el propio sector los elabora a la medida de sus propios intereses. Así las administraciones los podrán usar para justificarse ante los tribunales y podrían evitar la acumulación de sentencias anulatorias de normas de caza.
Ecologistas en Acción reclama que los datos sobre las poblaciones cinegéticas se tomen por entidades técnicas o científicas independientes del sector cinegético y de los intereses de las administraciones. Y que el sector de la caza cumpla con la normativa en cuanto a los planes técnicos de caza o que se les sancione debidamente cuando no lo hacen. Solo así se puede garantizar la debida protección y conservación de la fauna silvestre, cada día más amenazada por la caza. En este sentido la organización ecologista se dirigirá próximamente tanto al Ministerio de Agricultura como a las Comunidades Autónomas.
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