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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre el incremento retributivo del sector público en 2020, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los sindicatos.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha argumentado que adoptar esta medida era un asunto prioritario para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Este asunto es un compromiso del Ejecutivo, que apuesta claramente por la recuperación de los derechos de los trabajadores públicos después de tiempo de sufrir recortes, con tasas de reposición muy bajas".
Darias ha explicado que se establece un incremento fijo del 2% de las retribuciones de los empleados públicos, con efectos retroactivos a 1 de enero, así como un incremento variable en función del crecimiento del Producto Interior Bruto de 2019. Al margen de estas cuantías, se podrá autorizar un incremento de la masa salarial del 0,30% como fondos adicionales para implantar planes o proyectos de mejora de la productividad, previa negociación colectiva.
La subida salarial se aplica a unos dos millones y medio de empleados públicos de todas las administraciones (estatal, autonómica y local) y del sector público empresarial, según ha concretado la ministra, quien también ha reconocido la dedicación, esfuerzo y dedicación del colectivo.
Carolina Darias ha recordado que la adopción de este acuerdo no ha sido legalmente posible hasta la conformación del nuevo Gobierno, que lo ha hecho efectivo con la mayor celeridad.
Declaración de Emergencia Climática
El Consejo de Ministros ha aprobado la Declaración de Emergencia Climática, un documento con 30 líneas de acción prioritarias para luchar contra el cambio climático y favorecer la salvaguarda del medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que los riesgos actuales derivados del impacto del cambio climático están ya considerados como los más relevantes desde el punto de la vista de la economía global -como evidencia el informe de este año del Foro Económico Mundial- y también social, porque generan "sufrimiento y desigualdad".
En este sentido, la vicepresidenta cuarta ha defendido la necesidad de impulsar esta declaración por razones de justicia "entre países y territorios, entre generaciones y entre personas con desiguales medios para afrontar el cambio climático"; por razones de futuro, "para invertir en un proyecto de sociedad inclusivo y viable", y por responsabilidad, ya que "no abordar este desafío es regresivo desde el punto de vista social y costoso económica y socialmente".
Ribera ha afirmado que la declaración "debe inspirar todas las políticas públicas" y permitir al Gobierno desarrollar su compromiso con la lucha contra el cambio climático de forma más profunda, rápida y ambiciosa, sumando los esfuerzos de todas las administraciones: "Las instituciones tenemos la responsabilidad de evitar el incremento de los problemas y facilitar las soluciones".
Cinco medidas en los primeros 100 días de gobierno
Teresa Ribera ha explicado que el Ejecutivo se compromete en la Declaración de Emergencia Climática a ejecutar cinco medidas concretas en los primeros 100 días de gobierno.
La primera, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo objetivo es garantizar la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
La presentación del segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo, y el impulso a los sectores productivos para favorecer su sostenibilidad y el empleo de calidad serán las otras tres medidas a corto plazo.
La quinta medida es la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que permita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Ribera ha adelantado que su composición será inclusiva, paritaria y "con representación especial de los jóvenes".
Veinticinco líneas de acción transversal
Entre las 25 medidas restantes que marcarán la actuación del Gobierno y la Administración pública el resto de la legislatura y que tendrán incidencia transversal en todos los sectores de actividad, Ribera ha detallado el Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público, el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad y el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
Asimismo, se presentará una Estrategia para la Protección de la Costa Española antes del año 2021 y diversos proyectos de ley, como la de Residuos o la de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, con iniciativas como que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones.
Entregas a cuenta de las autonomías y entidades locales
El Consejo de Ministros ha decidido los criterios para aplicar la prórroga presupuestaria en el reparto de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y las entidades locales correspondientes a 2020.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha informado de que las comunidades autónomas recibirán 103.000 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un incremento del 5% respecto a las comunicadas inicialmente en 2019. Este importe se actualizará cuando se conozcan las previsiones de ingresos del ejercicio en el marco del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Los territorios empezarán a recibir estos anticipos en los próximos días.
La iniciativa aprobada, a juicio de Montero, es muy importante para el fortalecimiento del modelo territorial y del Estado social y refleja el compromiso del Gobierno con la financiación de los entes territoriales. En este sentido, ha resaltado que "incluso en situación de prórroga presupuestaria, el Ejecutivo intenta que los servicios públicos fundamentales se puedan beneficiar del crecimiento económico".
Presupuestos 2020, en verano
La ministra de Hacienda ha explicado que el Gobierno prevé que los Presupuestos Generales del Estado puedan ser aprobados el próximo verano. El procedimiento se ha puesto en marcha hoy con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden por la que se dictan las normas para su elaboración y para que cada departamento ministerial presente sus cuentas.
Montero ha indicado que las prioridades, en todo caso, serán promover el crecimiento económico inclusivo basado en la innovación, la tecnología y la digitalización; apostar por una transformación ecológica justa; defender los derechos sociales; favorecer la cohesión territorial para afrontar, entre otros, el reto demográfico, y la lucha por la igualdad. Sobre este último aspecto, la portavoz ha anunciado que los presupuestos contarán, por primera vez, con un diagnóstico de la realidad de género en la sociedad española.
Antes de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos al Congreso, Montero ha avanzado que debe llegarse a un acuerdo en Bruselas sobre la senda de déficit y ha confiado en que podrá flexibilizarse la actual, que data de 2018 y que "está desacompasada con la realidad del día a día". Asimismo, las Cortes Generales deberán aprobar el techo de gasto y la senda de estabilidad con carácter previo al debate de presupuestos y su aprobación.
Restauración de infraestructuras forestales
El Gobierno ha ratificado la emergencia de las actuaciones de restauración de infraestructuras forestales en las provincias de Valencia y Alicante para paliar los daños causados en ellas por la Depresión Aislada de Niveles Altos (DANA), que afectó a España entre los días 9 y 14 de septiembre de 2019.
Las obras supondrán una inversión total de tres millones de euros y responden al procedimiento de ayudas que concede el Estado para afrontar este tipo de situaciones.
Otros acuerdos
El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo marco por valor de 14 millones de euros para seleccionar la empresa que preste servicios de gestión de los Centros de Educación Infantil del Ministerio de Defensa.
También ha acordado la retirada del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley de mancomunidades de la Comunidad Valenciana, tras un proceso de negociación que ha permitido subsanar las cuestiones controvertidas de la ley. Por otra parte, el Ejecutivo ha instado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Calidad Agroalimentaria de Canarias.
Además, el Gobierno ha concedido la nacionalidad española al waterpolista de origen checo, Martin Famera, y al boxeador nacido en Cuba, Enmanuel Reyes Pla.
Asuntos de actualidad
La portavoz del Gobierno ha anunciado que todos los ministros y ministras han solicitado comparecer en el Congreso para exponer su programa y someterse al control parlamentario: "Queremos devolver la confianza a la ciudadanía en las instituciones y legitimarlas cada día".
Montero se ha referido asimismo a la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy y mañana participará en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza), acompañado de las vicepresidentas tercera y cuarta, Nadia Calviño y Teresa Ribera.
Además, Sánchez asistirá el próximo sábado a la gala de entrega de los Premios Goya de la Academia de Cine para dar apoyo explícito a la industria cinematográfica, "fundamental para difundir nuestra cultura y como palanca de crecimiento económico", ha dicho Montero.
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