|
|
| PUBLICIDAD
|
El equipo de gobierno de la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) pretende echar a FACUA Cádiz de la sede en la que viene desarrollando su actividad en la provincia desde hace 36 años. Ubicado en la gaditana Barriada de La Paz, se trata de un local propiedad de la Junta, que desde 1983 ha permitido a la asociación su uso para el desarrollo de actividades en defensa de los consumidores, muchas de las cuales han contado incluso con el apoyo económico de los sucesivos gobiernos, incluido el actual.
FACUA Cádiz considera esta actuación una represalia y anuncia que no va a acatar la decisión. Además, estudia emprender acciones legales y va a iniciar una campaña de movilización para denunciar este ataque del Gobierno autonómico, con el que intenta restar capacidad de actuación a una organización que le resulta molesta por las críticas a determinadas políticas llevadas a cabo desde la Junta. En este sentido, recuerda que el primer Gobierno de Mariano Rajoy ya amenazó a FACUA con ilegalizarla por criticar la subida del IVA y los recortes en la educación y la sanidad públicas.
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha sido la que ha dado a conocer a FACUA Cádiz esta decisión mediante el envio de varias notificaciones en las que exige el abandono del local, llegando incluso a amenazar con reclamaciones por daños y perjuicios si no atiende la petición. La actuación pretende justificarse en la realización de una serie de obras en la finca y en la ausencia, a juicio de la Junta de Andalucía, de un título que acredite la cesión del uso del local a la asociación.
Excusas
FACUA Cádiz denuncia que ambos argumentos no son más que meras excusas para intentar esconder lo que considera una represalia ante las críticas efectuadas por la asociación contra el equipo de gobierno autonómico como, por ejemplo, por su pésima gestión de la alerta por listeriosis, el grave deterioro que está sufriendo el sistema sanitario público, el recorte presupuestario aplicado a las políticas de protección a los consumidores o la pasividad de la Administración ante los abusos y fraudes que las empresas cometen contra los consumidores.
Respecto a la necesidad de realizar obras en el inmueble alegada por la Junta, FACUA Cádiz señala que, actualmente, ya se están desarrollando actuaciones en la finca, que han sido promovidas no por el gobierno autonómico, sino por la comunidad de propietarios del edificio. En todo momento, además, la asociación ha manifestado su predisposición a permitir su desarrollo, siempre que quede acreditada su necesidad y sin que ello suponga, en ningún caso, el desalojo definitivo de la sede.
Al mismo tiempo, FACUA Cádiz considera sorprendente y ridículo que la Junta alegue ahora que la asociación carece de un título legal que acredite la cesión del uso del local, teniendo en cuenta que ha tenido conocimiento de ello desde 1983 y que, paradójicamente, en la sede se desarrollan actualmente actividades financiadas por la propia administración autonómica.
Tras recibir el requerimiento de la Junta, FACUA Cádiz se ha dirigido por escrito en varias ocasiones tanto al delegado de Empleo y promotor de la decisión, Alberto Cremades (de Ciudadanos), como a la delegada del Gobierno autonómico, Ana Mestre, y a la delegada de la Consejería de Salud y Familias, Isabel Paredes (ambas del Partido Popular). En dichas comunicaciones, FACUA Cádiz les ha trasladado el grave perjuicio que esta decisión puede causar no sólo a la asociación sino a todos los consumidores de la provincia.
Hasta la fecha, FACUA Cádiz no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de la Delegación de Empleo. Por su parte, Mestre ha contestado reiterando a la asociación la orden de desalojo y utilizando los mismos argumentos esgrimidos por Empleo, aún cuando en conversaciones mantenidas con la responsable de la Delegación de Salud ésta adquirió el compromiso de buscar una posible solución que no perjudicara la actividad que desarrolla la asociación.
|
