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Amnistía Internacional se reúne este lunes, junto con otras organizaciones, con Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, que se encuentra realizando desde el 27 de enero y hasta el 7 de febrero, su primera visita a España. La organización le ha hecho llegar un informe con sus principales preocupaciones, especialmente en materia de dos de los derechos, cuya violación contribuye de forma más decisiva al riesgo de pobreza en el Estado español: el acceso a la vivienda y a la salud.
“El pacto de gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos contiene propuestas para hacer frente a algunas de las preocupaciones sobre vivienda y salud que mantenemos desde hace años en España. Pero ahora hay que pasar de las palabras a los hechos, y una visita como ésta es una oportunidad para que el nuevo gobierno se comprometa de verdad con la protección de las personas y sus derechos sociales para luchar contra la discriminación y la desigualdad, asegura Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Amnistía Internacional España, que se reunirá este lunes con el Relator.
Vivienda
Entre 2013 (desde que se empezaron a contabilizar) y septiembre de 2019 se llevaron a cabo 426.593 desalojos (243.968 por impago de alquiler, 162.258 por ejecución hipotecaria y 20.367 por otras razones). “A pesar de que no existen datos desagregados por género, edad o por posibles vulnerabilidades que permitan evaluar el impacto de estas terribles cifras en el derecho a la vivienda, sabemos que las mujeres son las que enfrentan los mayores obstáculos, entre ellas las víctimas de violencia de género o las que encabezan hogares monomarentales. Es necesario combatir esta desigualdad”, afirma Mendiola. No hay más que ver cómo el riesgo de pobreza pasa del 26,1% en la media nacional, al 42,9% para las familias monoparentales, de las cuales, el 81,8% están encabezadas por mujeres.
En ese sentido, la organización lleva años lamentando que en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo. “Aunque el nuevo Real Decreto Ley 7/2019 (RDL) incluye algunas medidas positivas, como la suspensión del desalojo por uno o tres meses (en el caso de que el propietario sea una empresa) si se identifica algún tipo de vulnerabilidad, no incluye la reforma de la LEC para exigir que los jueces evalúen caso por caso, ni se asegura que exista una vivienda alternativa en el caso de personas sin recursos”, subraya la responsable sobre DESC en AI.
Amnistía Internacional valora que el RDL contenga algunas medidas de protección para los inquilinos, como la extensión de la duración de los contratos de tres a cinco años (y hasta siete si el propietario es una empresa), pero sigue considerándolas insuficientes. “No incluye medidas urgentes para incrementar el escaso parque de vivienda social en alquiler, ni propuestas orientadas a cumplir con la obligación internacional que tienen los Estados de garantizar una vivienda alternativa para las personas sin recursos que han perdido o están en proceso de pérdida de su hogar”, declara Mendiola.
La organización también lamenta que el RDL no contenga medidas efectivas que garanticen la asequibilidad de la vivienda para todas las personas, de forma que ésta sea un derecho y no un lujo. “No podemos seguir poniendo parches a esta situación: las autoridades tienen la obligación de impedir que la gente acabe viviendo en la calle”. “Es escandaloso que el gasto personal en vivienda haya aumentado en un 25,9% en los últimos 13 años y lo es por varios motivos: por un lado, porque los salarios no han crecido de la misma manera para afrontar este gasto, ya que solo han subido un 2,2% en el último año, y durante la última década han perdido un 7,8% del poder adquisitivo. Pero es que además, frente a eso, los precios de alquiler se han incrementado hasta en un 50% desde 2013”.
Salud
Amnistía Internacional lamenta que las medidas de austeridad implementadas por el anterior Real Decreto sanitario sigan sin revertirse, especialmente cuando no se ha vuelto a niveles de inversión en salud previos a la crisis. Entre otras, la del copago farmacéutico, que traslada el coste de determinados productos a usuarios y usuarias. Como ya denunciábamos en nuestro último informe, La Receta Equivocada, las personas más vulnerables, especialmente las personas con ingresos más bajos, las que sufren enfermedades crónicas, las personas con discapacidad y las personas que reciben atención de salud mental, pagan el precio de unas medidas de austeridad que han hecho que la atención sanitaria de calidad sea menos accesible y más cara. Todo ello cuando el Sistema Nacional de Salud ha perdido, entre 2012 y 2014 un total de 28.500 trabajadores y trabajadoras.
Por otro lado, además, y a pesar de la adopción del Real Decreto Ley 7/2018 sobre universalidad, que fue un paso positivo para paliar el hecho de que 750.000 migrantes fueran excluídos de la atención sanitaria gratuita, todavía las personas migrantes en situación administrativa irregular siguen encontrando obstáculos para acceder a la atención sanitaria. Aunque la nueva legislación reconoce, en su exposición de motivos, la necesidad de garantizar el derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas en el Estado español, la nueva norma no garantiza el mismo nivel de protección que tenían los migrantes antes de la reforma de 2012. “La excesiva ambigüedad en la redacción del texto, así como la introducción de múltiples condiciones para poder acceder a la atención sanitaria, crean barreras continuas para que las personas migrantes en situación administrativa irregular puedan acceder a la atención primaria”, explica Mendiola. Entre las barreras, se incluyen aquellas como el requisito de residir en el país durante más de 90 días, la obligación de presentar documentación como el certificado de no exportación del derecho o el requisito de que no haya terceros obligados a pagar.
Más allá de estas barreras, la nueva legislación no garantiza, al no especificarlo en la redacción de la Ley, en todos los casos y sin excepción (como sí lo hacía, por el contrario, el anterior RDL 16/2012) el acceso a la asistencia sanitaria a algunos grupos de migrantes en situación administrativa irregular, entre ellos: mujeres embarazadas, niños, víctimas de trata y solicitantes de asilo. La nueva legislación tampoco garantiza el acceso de todas las personas migrantes a la atención de urgencia hasta el alta médica.
Además, tampoco asegura que las personas que tienen un permiso de residencia concedido mediante un procedimiento de reunificación familiar puedan acceder al sistema de salud pública. Este es el procedimiento por el cual los ciudadanos no europeos con permiso de residencia en España pueden traer a sus familiares al país.
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