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El Defensor del Pueblo ha decidido no recurrir el llamado Decretazo digital -el Real Decreto-ley 14/2019- al Tribunal Constitucional (TC) pero ha pedido al Gobierno que incorpore el control judicial al texto normativo como forma de reforzar las garantías. Se trata de una de las demandas realizadas por FACUA-Consumidores en Acción, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Críptica y varios juristas especializados en la materia.
FACUA, junto al resto de organizaciones y expertos, se había dirigido el pasado 15 de enero al Defensor del Pueblo para que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el Decretazo digital ante el TC al considerar que afecta a derechos fundamentales, sin ajustarse a los requisitos que la Constitución impone para regular este tipo de materias.
Ahora, en un comunicado, el Defensor del Pueblo ha afirmado que no es "imprescindible" su intervención para la salvaguarda de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos al haberse iniciado ya estas actuaciones por los gobiernos catalán y vasco. Sin embargo, también ha aclarado que "los derechos fundamentales en juego exigirían reforzar las garantías para que la norma sea plenamente satisfactoria, tanto en lo que se refiere al control judicial (previo y posterior) como a la intervención del Congreso de los Diputados".
De igual forma, ha añadido que es necesario "un debate parlamentario sosegado a través de un proyecto de ley" que permitirá "reforzar la legitimidad de las medidas deben abordarse (en un sentido o en otro, con mayor o menor alcance y por unos sujetos o por otros) en la sociedad global y digital en la que vivimos", y ha confirmado que trasladará estas observaciones al Gobierno.
Por su parte, el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, ha afirmado que las organizaciones se muestran "satisfechas" con esta decisión, y ha asegurado que, debido a los recursos de los gobiernos catalán y vasco, "el Constitucional va a valorar si esta norma se adecua a nuestro ordenamiento y, al mismo tiempo, va a poder aclarar sus límites, que es lo que pretendíamos. Por tanto, podremos tener garantías de que nuestros derechos y libertades ciudadanas no se verán alterados a causa de esta legislación de urgencia".
El Real Decreto-ley 14/2019 fue convalidado en las Cortes el pasado 27 de noviembre con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos, y la abstención de Unidas Podemos. FACUA ya había criticado la iniciativa por considerarla un auténtico ataque a las libertades, al dar luz verde al Ejecutivo para cerrar páginas web, realizar cortes del servicio y limitar la capacidad de las administraciones de elegir los sistemas de identificación ciudadana, entre otras acciones.
La asociación advertía así de que este Real Decreto permite, de facto, que el Gobierno cierre o controle páginas webs de forma libre o realice cortes de comunicaciones sin tener que atenerse a ninguna normativa o autorización judicial, simplemente alegando que suponen un peligro para "la seguridad nacional" o "el orden público".
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