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El proceso de elaboración del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) se encuentra en su última fase. El Ministerio de Agricultura y las consejerías del ramo aceleran el debate y la búsqueda de acuerdo para poder llegar a diciembre, fecha impuesta por Bruselas, con los deberes hechos y el PEPAC finalizado.
Tras meses de negociaciones, el consenso no está asegurado y hay intervenciones que aún requieren concreción. Apreciamos mejoras en los documentos publicados por el MAPA, pero son insuficientes para paliar las incoherencias de esta política. Requieren que el PEPAC aborde con la ambición necesaria la transición agroecológica y la recuperación verde, anteponga el cuidado de las personas y la naturaleza a los intereses políticos y haga una mayor apuesta por los protagonistas que día a día mantienen nuestro medio rural vivo, produciendo alimentos sanos y de calidad.
Un repaso por los diferentes elementos del PEPAC muestra que la condicionalidad, requisito obligatorio para recibir las ayudas, no puede considerarse realmente “reforzada” tal y como proponía la Comisión Europea. El diseño continuista e impreciso, finalmente aprobado en Bruselas, incluye un gran número de excepciones en su aplicación que comprometen su funcionalidad. Entre otras, el apoyo a la “diversificación”, en lugar de a una rotación real de cultivos herbáceos, o la consideración de los cultivos fijadores de nitrógeno como superficies no productivas para mejorar la biodiversidad, en lugar de otros elementos de mayor valor ambiental.
Por su parte, la contribución de los ecoesquemas a los objetivos ambientales, económicos y sociales es desigual. Se proponen prácticas beneficiosas como el pastoreo extensivo, las rotaciones de cultivo, las cubiertas en leñosos y la recuperación de elementos del paisaje para la biodiversidad, si bien en algunos casos su diseño es mejorable, como incluir la práctica del barbecho gestionado para el suelo y la biodiversidad. Pero, al mismo tiempo, se subvencionarán prácticas perjudiciales, como la siembra directa que permite el uso de herbicidas en la confusamente llamada “agricultura de conservación”.
Más preocupante aún es la propuesta del MAPA sobre ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que contempla 20 regiones, ya que no es lo suficientemente ambiciosa para generar un cambio real de modelo y perpetúa un sistema basado en derechos históricos que sigue sosteniendo producciones intensivas, como el tabaco, mientras que no ofrece el suficiente apoyo a la renta de las explotaciones de mayor valor socioambiental.
Lo mismo se observa en la propuesta para la necesaria y obligada convergencia y el futuro pago redistributivo, que no servirán para avanzar en un reparto justo y sostenible de las ayudas del mayor presupuesto comunitario. En una línea contradictoria se encuentra la propuesta de ayudas asociadas que, por un lado, trata de dar respuesta a sectores que generan grandes beneficios sociales y ambientales y cuya viabilidad está en riesgo, como es la ganadería extensiva que pastorea barbechos y rastrojeras o la producción de legumbres para consumo humano pero, a la vez, sigue apoyando a la ganadería industrial y a cultivos intensivos que ponen al límite los recursos naturales y la biodiversidad.
Preocupa también el Pilar II, aún por concretar por las comunidades autónomas y del que se desconocen su propuesta de intervenciones. En especial deben evitarse aquellas inversiones que apoyan instalaciones de macrogranjas o nuevos regadíos y modernizaciones de los existentes, que amenazan el buen estado de ríos y acuíferos y la salud de nuestros suelos. Dependerá también del apoyo que finalmente se da a la producción ecológica o las fincas en Natura 2000, el poder valorar su contribución a los objetivos previstos.
La propuesta de contenidos del PEPAC sobre la mesa está cargada de claros y oscuros. Se avistan algunos aspectos positivos, como la obligatoriedad de respetar los derechos de los trabajadores del campo, el apoyo a las mujeres y a los jóvenes. No obstante, el mantenimiento del status quo en intervenciones tan relevantes como la ayuda básica a la sostenibilidad de la renta o la apuesta por modelos intensivos a través de las intervenciones de desarrollo rural, imposibilitan el avance hacia Sistemas Agroalimentarios Sostenibles y Resilientes.
Hemos exigido al MAPA y a las comunidades autónomas en todo este proceso mayor transparencia, participación pública y un cambio radical de políticas que apoyen a la agricultura y ganadería de alto valor socio ambiental, incluidas las explotaciones en Natura 2000 y bajo producción ecológica. Un PEPAC que proteja nuestro suelo, agua y biodiversidad; que ayude a abordar la crisis climática y ambiental, también la de la España vaciada y que asegure una alimentación sana para todas las personas. En definitiva, una nueva PAC alineada con el Pacto Verde Europeo y la Europa del presente. En este sentido, una vez más, solicitamos altura de miras a la clase política, coherencia, generosidad y comenzar a construir una visión de futuro para nuestra agricultura, ganadería y alimentación basada en la sostenibilidad.
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