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Mientras siguen las negociaciones dentro de la COP26, las organizaciones de la sociedad civil finalizaron ayer la contracumbre o Cumbre de los Pueblos, un multitudinario encuentro de activistas y representantes de organizaciones de ecologistas, de pueblos indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil venidas de todo el mundo.
La Cumbre de los Pueblos ha servido para conocer los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren las explotaciones petrolíferas en el Amazonas o las graves consecuencias de la experimentación en sus territorios de complejas y peligrosas técnicas de geoingeniería. Además, ha sido una oportunidad para realizar propuestas para una transición justa, que asegure que nadie queda atrás, ni las personas trabajadoras, ni los pueblos indígenas ni los países del Sur Global.
En la Cumbre han participado miles de activistas, aunque no todo el mundo ha podido acudir a Glasgow, debido a las restricciones de la COVID–19, pero también al altísimo precio que alcanzan los hoteles en estas cumbres y a las dificultades de las personas del Sur Global para conseguir un visado. Todo esto ha hecho que esta COP sea la más blanca y eurocéntrica que ha habido, algo que dificulta enormemente alcanzar la justicia climática y la reparación de daños realizados en los países del Sur global.
Las organizaciones no solo han estado debatiendo y aprendiendo, también han participado en decenas de acciones, manifestaciones y concentraciones en Glasgow, que continúan estos días, porque los documentos que salen de la zona de negociación son cada vez menos esperanzadores. Una de las demandas que más se ha escuchado en la contracumbre es la necesidad urgente de operativizar los mecanismos que permitan asumir el coste de las pérdidas y daños que el cambio climático ya está provocando en buena parte del planeta. Las comunidades más vulnerables a los efectos del cambio climático son, por un lado, las que históricamente menos han contribuido a ello y, por otro, están siendo también afectadas por las falsas soluciones que las corporaciones del Norte global quieren desarrollar: neutralidad climática, captura y almacenamiento de carbono o incluso fusión nuclear son propuestas de final de tubería que no atacan a la raíz del problema. Líderes indígenas de todos los continentes, de Alaska, de Papúa, de la Amazonía, han recordado que la única manera viable de frenar el cambio climático es dejar de quemar petróleo y dejarlo enterrado.
Las activistas de la Cumbre de los Pueblos han protestado también ante empresas como JPMorgan, denunciándola como colaboradora necesaria de la industria fósil, con millonarias inversiones en distintas actividades relacionadas con la industria fósil. En diversas acciones de calle, como el Toxic Tour, se ha puesto de manifiesto el estrecho vínculo entre las finanzas y la industria del petróleo, dos caras de la misma moneda del sistema que explota las vidas y los territorios.
Una reciente protesta la han protagonizado un grupo internacional de activistas en la Zona Verde, donde han denunciado el lavado verde que ejercen las empresas patrocinadoras del evento en ese espacio, entre las que destaca Scottish Power, la filial escocesa de Iberdrola.
Iberdrola pinta así de verde su negocio: plantas de ciclo combinado en el Estado español, las cuatro que planea en Latinoamérica, además de los casos de vulneración de los derechos humanos como el del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México, que involucra no solo a Iberdrola sino también a Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia.
Las luchas son muchas, pero las demandas se pueden resumir en una sola: dejar los combustibles fósiles donde están y dejar de extraerlos de la tierra, ya que ni soluciones como la neutralidad climática o los mercados de carbono sirven para frenar el calentamiento de la Tierra.
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