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La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adoptado medidas suficientes para mejorar la mala calidad de sus aguas e incumplir la Directiva sobre nitratos, según anunció ayer. WWF, ANSE y la comunidad científica ya habíamos avisado al Gobierno de la insuficiencia de las medidas adoptadas tras el dictamen motivado de la CE de junio de 2020. Por ello, junto con ANSE demandamos al MAPA y al MITECO medidas urgentes, eficaces y adecuadas para atajar la problemática de la contaminación por nitratos en origen.
La Comisión Europea considera que los esfuerzos de las autoridades españolas, hasta la fecha, han sido insuficientes y reclama una mayor contundencia para controlar y evitar el vertido de nitratos por parte de las actividades agropecuarias.
La contaminación por nitratos es un gran problema olvidado y generalizado en España, causado por prácticas agrarias de abonado incorrectas. Un hecho que se agrava porque la ganadería industrial elimina sus estiércoles y purines, muy ricos en nitrógeno, a través del vertido directo sobre los campos de labor. Por el momento, ninguna administración ha querido ponerle freno, pues exige acciones para evitar la contaminación en origen. Entre ellas, establecer un plan de desmantelamiento de macrogranjas, en vez de propuestas enfocadas a la depuración del agua contaminada.
Además, esta problemática afecta directamente a la salud humana, pues los nitratos se acumulan en los acuíferos, que son reservas estratégicas de agua para las poblaciones en momentos de sequía, así como la fuente principal de suministro para muchos pueblos y ciudades.
Ya advertimos en el pasado sobre el escaso alcance de las medidas propuestas por el Gobierno, tanto en el Real Decreto sobre la contaminación de las aguas por nitratos, promovido por el MITECO, como en el Real Decreto sobre nutrición sostenible de suelos, propuesto por el MAPA. Aunque se planteaban medidas para la ampliación de las zonas sensibles y se exigía el cumplimiento de niveles de nitratos más rigurosos o la obligatoriedad de determinadas buenas prácticas, estas acciones no han tenido efectos. Por lo que para alcanzar una mayor eficacia en la consecución de los objetivos de mejora de las masas de agua es necesario un régimen sancionador y una política de tasas o gravámenes que desincentive el uso excesivo de los fertilizantes, y permita cumplir con el principio de “quien contamina, paga”.
Por otra parte, la Comisión señaló que las medidas impulsadas en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia son insuficientes, y reclama al Estado que imponga acciones adicionales para mejorar el estado de las masas de agua que están afectadas actualmente por los vertidos agrarios y ganaderos.
Cabe recordar que un gran número de humedales dependen para su buen estado ambiental de las aportaciones de aguas subterráneas. La contaminación por nitratos de estas aguas los degrada mediante un proceso de eutrofización que consume el oxígeno y afecta a todo el ecosistema. De hecho, puede llegar a provocar la muerte masiva de peces, tal y como ha sucedido en la laguna del Mar Menor. Esto está afectando a otros humedales protegidos de alto valor, como Las Tablas de Daimiel y los ríos que se alimentan del acuífero de los Arenales en la cuenca media del Duero, por ejemplo. Todos estos sistemas se nutren de acuíferos sobreexplotados y contaminados en la actualidad, y en ellos la presión por parte de la expansión de la agricultura intensiva va en aumento.
Ante la falta de medidas efectivas adoptadas hasta ahora, la Comisión ha decidido iniciar un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podría derivar en una condena firme a España.
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