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Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra mañana, Amnistía Internacional denuncia una vez más la invisibilidad de este problema en España ya que no existen suficientes datos oficiales que permitan conocer la magnitud de una violación de derechos humanos como es el racismo y la xenofobia. Esta situación ha salido ahora a la luz pública tras los gravísimos incidentes ocurridos en Castelldefels el sábado 9 de marzo, cuando un grupo de jóvenes asaltó el Centro Cal Ganxo donde residían menores extranjeros no acompañados, agrediendo a menores, personas educadoras y destrozando mobiliario en el Centro.
No es el único incidente racista ocurrido en Cataluña contra menores no acompañados en las últimas semanas, puesto que el 28 de febrero un grupo de menores del Centro Can Xatrac, Canet de Mar, fue acosado durante una protesta vecinal contra su presencia en la localidad. Y en el mismo lugar, el 5 de marzo, un hombre armado con un machete entró en el centro donde viven unos 50 menores. No hirió a nadie. Amnistía Internacional tiene conocimiento de sendas investigaciones judiciales abiertas ante estos sucesos.
La organización recuerda que las autoridades deben asegurar que la ley tipifica como delito cualquier delito con motivación racista. En este sentido, el Código penal debería expresamente incluir en la definición de los delitos de odio, los motivados por la raza, el color, el idioma, la nacionalidad y la identidad de género. También deben garantizar que los sujetos sospechosos de estos crímenes son puestos a disposición de la justicia, mediante una investigación pronta e imparcial. Todas estas investigaciones tienen que ser realizadas de oficio, independientemente de que la víctima del delito quiera denunciar, cuando hay una clara razón para sospechar que detrás del ataque hay una motivación racista.
“Amnistía Internacional manifiesta su preocupación ante la falta de prioridad para la adopción de medidas políticas y de otro tipo para prevenir y combatir el racismo y la xenofobia, especialmente contra la población migrante, y grupos vulnerables como en el caso de menores no acompañados”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
La organización también alerta sobre los discursos políticos irresponsables que relacionan genéricamente la inmigración con la criminalidad. “Las autoridades públicas deben condenar públicamente cualquier ataque racista y dejar claro que no se tolerará ningún ataque basado en la discriminación”.
Amnistía Internacional pide a las autoridades que pongan en marcha medidas de carácter legal, político, social, educativo o de sensibilización para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia, incluida una legislación general contra la discriminación en todos los ámbitos: el lugar de trabajo y residencia, en su acceso a la sanidad, educación, prestaciones sociales, a la vivienda o a locales de entretenimiento.
“La falta de datos y de las investigaciones al respecto, así como la ausencia de una política activa contra el racismo y la xenofobia hacen que haya una total opacidad en cuanto a los ataques racistas en España. Esta falta de información puede ocultar un fenómeno más extendido. Por otra parte, la inexistencia de órganos independientes de promoción de la igualdad o para asegurar la adecuada implementación de políticas, legislación e investigación de estos ataques de carácter racista muestran una voluntad política insuficiente para conocer su dimensión y atajarla”, concluye Beltrán.
Información de Contexto
La ECRI (Comisión Europea contra el racismo y la Xenofobia, por sus siglas en inglés) asegura en su último informe que sigue teniendo dificultades para obtener una visión fiable del alcance de la violencia motivada por el odio en España y de la efectividad de las investigaciones emprendidas por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. La ECRI recuerda nuevamente que la notificación y la recopilación de datos sobre los delitos motivados por el odio son fundamentales para obtener una visión realista del alcance de estos delitos y para mejorar la prevención y la respuesta del derecho penal a los mismos, que no sólo afectan a la víctima propiamente dicha, sino que propagan el temor entre los grupos vulnerables.
Según un estudio, recogido por la ECRI en su última visita a España en 2018, sólo se notificó a las autoridades el 18 por ciento de los casos de islamofobia.
Durante la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015 en Cataluña, la retórica islamófoba de algunos líderes políticos que prometían, entre otras cosas, el cierre de mezquitas, fue seguida de la publicación de comentarios vertidos por otras personas en redes sociales sobre la posibilidad de gasear a los musulmanes y referencias a las duchas de los campos de concentración nazis. La población musulmana de esta región sigue siendo víctima de xenofobia y la fiscalía de lucha contra los delitos motivados por el odio registró un número creciente de incidentes islamófobos.
De manera análoga, otros líderes en otras regiones han protagonizado mensajes racistas y xenófobos, como por ejemplo que los argelinos y marroquíes se registraban como residentes en la ciudad con el único fin de reivindicar prestaciones sociales.
Otros también han acusado a los inmigrantes de abusar del sistema público de atención de salud y, recientemente, se ha presentado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que se criminaliza una vez más a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de los derechos de las personas migrantes al considerar que “existe un presunto favorecimiento de la inmigración ilegal por algunas oenegés que deberían ser investigadas, y un comportamiento presuntamente irregular por parte de los operativos de Salvamento Marítimo, que cada vez se prestan más a las ocultas intenciones de estas supuestas organizaciones humanitarias”.
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