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La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha presidido la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que se han acordado los criterios de reparto y objetivos de los cien millones de euros destinados a las comunidades autónomas, tal y como establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cumpliendo así con los plazos de ejecución de los fondos.
La Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que están representadas todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dispuesto también 9,5 millones de euros para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género, programas para víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.
Por otro lado, Gobierno y comunidades autónomas han aprobado el título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima para acceder a prestaciones sociolaborales sin la necesidad de interponer denuncia. En este sentido, se ha diseñado un modelo común y consensuado para unificar dicha acreditación administrativa en todo el territorio.
El objetivo de esta medida, que ya tenían reconocidas las empleadas públicas víctimas de violencia de género, es mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso.
El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, reconoce la validez de los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de cara a la posibilidad de acceder a los derechos y prestaciones sociolaborales previstos en la Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia de género. Cabe señalar que la denuncia policial sigue siendo la única vía para acceder a la protección policial y para iniciar un proceso judicial.
Por último, y en referencia al título habilitante, las comunidades autónomas establecerán los organismos y servicios de certificación a los que podrán acudir las víctimas que quieran acogerse a esta medida.
Fondos del Pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género en las comunidades autónomas
El crédito, de 100 millones de euros, será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.
La distribución del crédito aprobada en el Conferencia Sectorial responde a criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años y mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo. Asimismo, se tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población.
La Conferencia Sectorial también ha acordado el reparto de 9.5 millones de euros, de los cuales 6,5 se destinan a programas para la asistencia social integral (*Ver cuadro n. 2); un millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, mujeres y menores, y los dos millones restantes a programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
Participación de España en la CSW
Durante el encuentro, la secretaria de Estado ha informado sobre la participación de España en el sexagésimo tercer periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de ONU Mujeres, donde se debatió como tema prioritario "Sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas".
La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, que encabezó la delegación española en la CSW, ha destacado el "relevante papel de España en la defensa de los derechos humanos de las mujeres" y ha informado además de la firma del Marco de Asociación Estratégica (MAE) 2019-2021 con el que España renueva su compromiso con ONU Mujeres, organismo prioritario para la cooperación española y la acción exterior de España en materia de género en el ámbito multilateral.
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