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Desde 2018, el gobierno estadounidense lleva a cabo una campaña, ilegítima y discriminatoria, de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera de EE. UU.-México, dice Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
“Salvar vidas no es delito”: Hostigamiento jurídico de motivación política ejercido por Estados Unidos contra quienes defienden los derechos humanos de las personas migrantesrevela que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia hacen cada vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, profesionales de la abogacía, periodistas y personas voluntarias que prestan ayuda humanitaria de cuestionar —o simplemente documentar— las violaciones de derechos humanos que cometen de forma sistemática las autoridades estadounidenses contra personas migrantes y solicitantes de asilo.
“La administración Trump ataca a quienes defienden los derechos humanos con el uso indebido y discriminatorio del sistema de justicia penal, precipitándose así hacia el autoritarismo. El gobierno se deshonra al amenazar e incluso enjuiciar a sus propios ciudadanos y ciudadanas por su trabajo esencial para salvar la vida de personas en situación desesperada en la frontera”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El gobierno estadounidense ha investigado indebidamente a defensores y defensoras de los derechos humanos por presuntos delitos como la trata de personas, basándose en sus actividades humanitarias y de derechos humanos, y en la expresión de sus opiniones políticas y de otra índole. Aunque las investigaciones más amplias se dirigieron contra las que apoyaron a una gran caravana de personas migrantes y solicitantes de asilo en noviembre de 2019, las autoridades siguen dirigiéndose contra esas y otras personas desde entonces, incluso por el mero hecho de ayudar a solicitantes de asilo a conocer sus derechos y a pedir protección en un punto de entrada oficial.
Las autoridades estadounidenses han sometido a defensores y defensoras de los derechos humanos a vigilancia injustificada, interrogatorios, registros invasivos, restricciones para viajar y, en casos aislados, a arresto falso y detención ilegítima. Al actuar así, han violado la Constitución, la legislación estadounidense y el derecho internacional, así como las políticas del Departamento de Seguridad Nacional, normas todas que prohíben las restricciones discriminatorias de la libertad de expresión. Según informes, en algunos casos, las autoridades estadounidenses y mexicanas han colaborado en la imposición de restricciones ilegítimas a personas que defienden los derechos humanos en su frontera común.
Amnistía Internacional entrevistó a 23 personas defensoras de los derechos humanos que detallaron las restricciones de las que han sido objeto debido a sus actividades profesionales. Diez de ellas —cinco activistas, tres profesionales de la abogacía y una clériga— fueron incluidas en una lista de control de vigilancia del DHS como parte de una cuestionable investigación penal sobre tráfico de personas. Describieron de forma similar el modo en que las autoridades estadounidenses han utilizado la región de la frontera para hacer redadas de carácter penal, abusando de su autoridad a fin de realizar registros injustificados, interrogar a quienes viajan sobre su situación económica y redes profesionales, y registrar sus dispositivos electrónicos, aparentemente para instruir causas penales contra ellas.
“En los últimos días, el presidente Trump ha amenazado con detener y deportar a millones de personas que residen de forma irregular en Estados Unidos, incluidas las que tienen familiares con la ciudadanía estadounidense. ¿A quiénes atacarán ahora las autoridades estadounidenses con acusaciones falsas de tráfico de personas, cuando en realidad son sólo actos de apoyo hacia comunidades amenazadas?”, dijo Erika Guevara Rosas.
“La administración Trump debe poner fin de inmediato a su uso indebido y políticamente motivado del sistema de justicia penal y a su abuso de poder para registrar, detener e interrogar a personas defensoras de los derechos humanos en la frontera. En lugar de atacar a profesionales de la abogacía, periodistas y activistas por tratar de acabar con las violaciones de derechos humanos, el gobierno debería escuchar a estas personas”.
En lo que va de año, las autoridades estadounidenses han enjuiciado penalmente a nueve personas voluntarias de la organización No More Deaths/No Más Muertes por prestar ayuda humanitaria a personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de Arizona con México, donde miles de personas han perdido la vida en las últimas dos décadas. Entre los cargos de más gravedad figuran los formulados contra el doctor Scott Warren, enjuiciado por los presuntos delitos de albergue y conspiración para transportar a dos personas migrantes, solo por darles agua, comida y asistencia médica en el pueblo del desierto de Ajo, donde vive. La causa terminó en un juicio nulo el 11 de junio, pero los fiscales federales no han retirado aún los cargos formulados contra el doctor Warren.
“Hace años que los voluntarios y voluntarias que prestan ayuda humanitaria salvan vidas de personas migrantes y solicitantes de asilo en un terreno desértico y hostil que las autoridades utilizan como arma contra ellas con efectos mortales. El gobierno estadounidense debe retirar inmediatamente todos los cargos contra el doctor Warren y adoptar e implementar exenciones de enjuiciamiento penal en todas las situaciones en las que se preste ayuda con carácter humanitario”, concluyó Erika Guevara Rosas.
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