|
|
| PUBLICIDAD
|
El desahucio de una familia con tres hijas menores, una de ellas de apenas unos días, de la vivienda que ocupaban desde 2015, propiedad del BBVA que la vendió al fondo de inversión Cerberus&Divarian, en la calle Benimamet, en Villaverde, Madrid, ha sido paralizado. Amnistía Internacional, que se había dirigido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid para exigir la paralización del mismo hasta que se les ofreciera una alternativa habitacional, ha aplaudido esta decisión. Sin embargo, la organización asegura que las autoridades deben llevar a cabo soluciones a largo plazo para garantizar el derecho a la vivienda en España, entre ellas, incrementar de manera urgente los recursos para aumentar el parque de vivienda social y adoptar medidas sobre las viviendas vacías.
“No podemos seguir consintiendo que España cuente con un número tan elevado de viviendas vacías (3,44 millones, según el censo de 2011, el 30% de las existentes en Europa), un importante recurso potencialmente disponible que las autoridades públicas pueden y deben usar para garantizar el derecho a la vivienda”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de AI España. “Además, España solo destina el 2% del total de viviendas a vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 20% de Austria, 18% Reino Unido y 17% en Francia”, declara Beltrán.
“Este desahucio se ha paralizado después de que Josefina y Richard pidieran hasta en 17 ocasiones una vivienda pública al IVIMA debido a su vulnerable situación tras quedarse en paro como consecuencia de la crisis económica, cuando pagar el alquiler se les hizo cada vez más complicado”, recuerda Safira Cantos, coordinadora de Amnistía Internacional Madrid. Pero como esta familia, que también lleva cuatro años solicitando un alquiler social a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), hay otras miles de ellas, desamparadas porque la vivienda parece más un lujo que un derecho en España”, añade.
Amnistía Internacional recuerda que en el primer trimestre de 2019 se han llevado a cabo un total de 15.559 desahucios, 1.730 de ellos en Madrid, que se sitúa como la cuarta comunidad con el mayor número de ellos, por detrás de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Esta es la séptima vez que Richard, Josefina y sus hijas menores evitan ser desahuciados. Su caso, de especial vulnerabilidad, había sido estudiado por Naciones Unidas: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU exigió hasta en tres ocasiones desde marzo de 2018 a España tomar medidas cautelares para evitar “daños irreparables” a esta familia.
“Los órganos judiciales deben cumplir las resoluciones de órganos de Naciones Unidas cuya competencia para adoptar medidas cautelares a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima ha sido aceptada por España”, declara Safira Cantos. “Josefina y Richard han llamado a todas las puertas posibles y lo único que les queda es vivir en la calle. No podemos consentirlo. Las autoridades deben asegurarse de que esta familia accede a una vivienda asequible”.
Más información
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los desalojos por impago de alquiler siguen subiendo: se han producido un total de 10.224 en el primer trimestre de 2019, lo que supone un 5,2% más respecto del mismo periodo de 2018. También se han llevado a cabo 4.341 desalojos por ejecución hipotecaria y 994 por otros motivos. “En total ha habido 15.559 desalojos en apenas tres meses de 2019, pero seguimos sin conocer la verdadera magnitud de estas cifras porque al no haber datos desagregados no sabemos cuántas personas han perdido su hogar ni en qué condiciones se encuentran”, denuncia Esteban Beltrán.
Amnistía Internacional se había dirigido al Ayuntamiento de Madrid y a la Consejería de vivienda de la Comunidad, solicitando con carácter urgente intervención para asegurar la paralización del desahucio de Richard y Josefina, y el aseguramiento de vivienda adecuada asequible de acuerdo a los ingresos de las personas afectadas. A lo largo de toda la pasada legislatura la organización también alertó a las autoridades del grave problema del acceso a la vivienda en Madrid y la absoluta escasez de vivienda social.
Además, la organización ha pedido con anterioridad al Ministerio de Justicia (a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional) que realice una declaración o pronunciamiento público dirigiéndose a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de que estos cumplan las recomendaciones de organismos de Naciones Unidas, en este caso, medidas cautelares. También se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para que adopte medidas para que se cumplan por parte de los juzgados las medidas cautelares adoptadas por el Comité DESC en casos de desalojos. España firmó y ratificó el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2009 y 2010, respectivamente. Mediante esta ratificación España reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones conforme a lo dispuesto en el Protocolo y para adoptar medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación, y ello antes de pronunciarse sobre el fondo de una comunicación.
|
