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España incumple desde 2010 la normativa europea de calidad del aire en materia de dióxido de nitrógeno (NO2). La contaminación atmosférica es un problema estructural en muchos países europeos y España tiene abierto un procedimiento de infracción por la Comisión Europea desde 2015. Hasta enero de 2018 formaba parte de un grupo de nueve países que estaban a punto de ser llevados ante el Tribunal Europeo por su falta de actuaciones en la materia.
En mayo de 2018, la Comisión llevó a seis de estos países al Tribunal de Luxemburgo, pero los otros tres se salvaron, entre ellos España (junto a Chequia y Eslovaquia). Las razones esgrimidas por el Comisario fueron que “las medidas anunciadas, aún en fase de preparación, podían hacer frente de forma adecuada a las deficiencias existentes, si se aplicaban adecuadamente y en el tiempo previsto”, aunque anunció que España seguiría bajo una vigilancia estricta en la aplicación de dichas medidas.
Entre las medidas propuestas para reducir la contaminación se encontraban el plan A en Madrid, del que Madrid Central era la medida estrella, y las supermanzanas (Programa «Superilles») y la creación de una Zona de Bajas Emisiones en episodios de alta contaminación en Barcelona.
En lo referente a Madrid, algunas de las medidas como la zona de bajas emisiones Madrid Central sí han demostrado efectividad. A pesar de su reducido tamaño, durante los tres meses en que ha estado operativa con un sistema de multas la contaminación por NO2 ha experimentado un acusado descenso. Esta reducción de la polución no se ha producido solo en su interior, donde alcanzó los niveles históricamente más bajos, sino en toda la red, demostrándose un claro efecto contagio. Sin embargo, en lugar de fortalecer este sistema y ampliarlo a otras zonas de la ciudad para seguir reduciendo el número de vehículos a motor que circulan por la capital, el nuevo consistorio ha anunciado reiteradamente sus intenciones de una reforma a la baja, llegando incluso a establecer una moratoria en el sistema de multas (revertida posteriormente por la justicia ante un recurso de Ecologistas en Acción y, días más tarde, por otros recursos de diferentes organizaciones). Esta decisión a buen seguro pesará mucho en el previsible anuncio de la denuncia desde Bruselas. Sin olvidar que otras medidas ya ejecutadas como la eliminación de los semáforos de la A5 van en sentido contrario al necesario: reducir el uso del coche y su velocidad en el interior de la ciudad.
Conviene recordar que la existencia de un grave problema de contaminación fue negada por los distintos gobiernos populares de la capital. Fue el anterior gobierno, de Ahora Madrid, quien asumió el reto y puso en marcha, probablemente demasiado tarde, el Plan A para tratar de cumplir la ley. Así, incluso con los buenos resultados de Madrid Central, Madrid es una de las pocas ciudades europeas en la que se supera el valor límite horario por dióxido de nitrógeno en varias estaciones, como la de Plaza Elíptica o Escuelas Aguirre, lo que indica a las claras que aún hay mucho que hacer para que la calidad del aire mejore hasta los estándares legales.
En cuanto al caso de Barcelona, las supermanzanas que se han implementado en cuatro años son, a juicio de Ecologistas en Acción, microactuaciones de recuperación del espacio público con escasa incidencia en la reducción de emisiones. Se trata de cinco intervenciones aisladas y que distan mucho del plan original que planteaba actuar sobre toda la malla viaria de la ciudad para conseguir un 13 % de reducción de vehículos, con la implementación de 500 supermanzanas.
Barcelona también planteó a finales de 2017 una Zona de Bajas Emisiones en episodios de contaminación que no se ha llegado a activar nunca. A partir del 2020 será permanente y limitará la circulación a los vehículos sin etiqueta de la DGT. Pero esta medida no resultará muy eficaz tal y como está planteada, pues tendrá incidencia sobre un porcentaje muy reducido de vehículos que además estarían discriminados en función de su antigüedad y no de sus emisiones reales (mucho mayores que las legales, por el fraude de los diésel). Colectivos y activistas ecologistas reclaman desde hace años una tasa anticontaminación (peaje urbano) con excepciones a los turismos con tres o más ocupantes y los de personas con movilidad reducida. Una medida que la alcaldesa Ada Colau ha afirmado que el Ayuntamiento está estudiando. Ecologistas en Acción considera que no hay excusas para retrasarla.
La contaminación por dióxido de nitrógeno en Barcelona no solo tiene efectos en la salud de sus habitantes. El 23 de julio, la Plana de Vic superó desde las 16:00 horas el umbral de alerta por ozono, alcanzando nada menos que 243 microgramos de este contaminante por metro cúbico de aire, además de otras nueve superaciones del umbral de información. Y todo ello sin actuación alguna de la Generalitat de Catalunya para reducir con la necesaria antelación el tráfico metropolitano de Barcelona, responsable del problema.
En definitiva, con este panorama varios de los países que sí fueron llevados en 2018 ante el Tribunal consideraron la decisión de excluir a España como un agravio comparativo difícil de justificar. España, a causa de su inacción política para atajar la contaminación, no ha proporcionado argumentos suficientes a la Comisión Europea para defender ante el resto esta situación de excepcionalidad, por lo que ahora va a ser llevada ante el Tribunal. Era algo lógico, y está en línea con la petición que hicieron los principales grupos ecologistas europeos en una carta dirigida al comisario Karmenu Vella hace unas semanas, donde pedían dureza contra España si no se mantenía firme en la defensa de la calidad del aire.
A juicio de Ecologistas en Acción la salud de la población debe ser algo prioritario. Si se confirma la reactivación del procedimiento de infracción solo queda trabajar políticamente para mantener, ampliar y mejorar las medidas que han funcionado, y adoptar muchas otras más ambiciosas que no se han tomado. La previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será condenatoria, y en segunda vuelta acabará en una más que probable multa, que puede alcanzar los 200 millones de euros por año de incumplimiento.
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