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En respuesta a la decisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y del ministro del Interior israelí, Arye Deri, de negar la entrada a dos congresistas estadounidenses, y en respuesta también a los tuits del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en los que califica a los dos congresistas de antisemitas, Amnistía Internacional ha emitido la siguiente declaración:
Molly Malekar, directora de Amnistía Internacional Israel, ha manifestado:
“El gobierno israelí permite la entrada libre a dirigentes mundiales acusados de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como generales de Myanmar o el presidente Duterte de Filipinas, y recibe orgulloso a líderes identificados con el apoyo a grupos neonazis y antisemitas, como primer ministro de Hungría, Orbán, o el presidente de Brasil, Bolsonaro, pero califica automáticamente de antisemita a cualquiera que se atreva a criticarle”.
“Israel prohíbe la entrada al país basándose en las opiniones políticas de quienes lo critican. Criticar las políticas israelíes no constituye violencia.”
Philippe Nassif, director de trabajo de incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:
“Donald Trump mantiene un patrón de retórica divisiva que causa un grave daño a quienes defienden sus derechos fundamentales. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. La oposición a las políticas de un gobierno o el aborrecimiento de los graves abusos contra los derechos humanos no son ni antisemitismo ni odio hacia un país o hacia su población. Esperamos que todas las personas que apoyan los derechos humanos se alcen y denuncien los abusos, donde quiera que se produzcan”.
Amnistía Internacional se reafirma en su petición de pedir el fin de los asentamientos ilegales, el fin de la detención injusta de activistas de Palestina, incluidos menores de edad, y el respeto del derecho a la libertad de circulación y a la libertad de expresión en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.
Información complementaria
La “ley antiboicot” de 2011, conocida formalmente como Ley para Prevenir Daños al Estado de Israel mediante el Boicot, convierte en ilícito civil pedir el boicot de una entidad por su afiliación a Israel o a un territorio bajo su control, incluidas las entidades que operan en asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados. Una enmienda introducida en 2017 a la Ley de Entrada a Israel prohíbe conceder un visado de entrada a Israel (y, por tanto, a los Territorios Palestinos Ocupados que están bajo control israelí) a todas las personas que publiquen a sabiendas, o trabajen con una organización que publique a sabiendas, un llamamiento al boicot tal como se define en la ley de 2011. Tanto la Ley para Prevenir Daños al Estado de Israel mediante el Boicot de 2011 como la enmienda de 2017 a la Ley de Entrada a Israel son contrarias a las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre la campaña de boicot, desinversión y sanciones, y nunca ha pedido o apoyado boicots específicos. Depende de cada persona y cada organización determinar qué estrategias pacíficas desea utilizar para promover los derechos humanos. La petición de boicots, desinversión y sanciones es una forma de libre expresión que debe ser protegida. Quienes piden boicots deben poder expresar sus opiniones libremente y llevar a cabo sus campañas sin acoso, amenazas de procesamiento o criminalización, u otras medidas que violan el derecho a la libertad de expresión.
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