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FACUA-Consumidores en Acción considera una muy buena noticia la creación, por primera vez en la historia, de un Ministerio de Consumo, competencias que hasta la fecha se habían ubicado en la cartera de Sanidad. La asociación espera que este gesto se traduzca en la revitalización de las políticas de protección de los derechos de los consumidores y lucha contra el fraude, que llevan décadas prácticamente inertes.
FACUA espera que el nuevo Ministerio de Consumo asuma el reto de frenar la avalancha de fraudes masivos que sufren los consumidores. La asociación planteará al futuro ministro una serie de reivindicaciones entre las que destaca dos grandes prioridades. La primera, que el Ministerio asuma el papel que encomienda a la autoridad de protección de los consumidores del Gobierno de España el artículo 54 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lleve a los tribunales a las empresas que cometan abusos si se niegan a cesar en sus prácticas tras ser emplazadas a ello. Se trata de acciones judiciales inéditas desde hace décadas y que sólo están emprendiendo asociaciones de consumidores.
La segunda prioridad que planteará FACUA al ministro es una reforma de la citada Ley para que el Ministerio de Consumo asuma competencias sancionadoras. Para luchar contra los fraudes masivos, es necesario que el ministerio competente tenga la capacidad de imponer multas disuasorias, advierte la asociación.
La legislación de defensa de los consumidores, promulgada por primera vez a mediados de los años 80, plantea que las competencias sancionadoras son exclusivas de las comunidades autónomas, lo que provoca que cuando una irregularidad se produce en toda España, sería necesario que se abriera un expediente sancionador en cada una de las comunidades autónomas. FACUA plantea que las competencias pasen a ser compartidas, de manera que cuando un fraude afecte a consumidores de varias comunidades pueda ser el Ministerio el que emprenda las actuaciones sancionadoras.
FACUA advierte de que los consumidores llevan décadas siendo víctimas de multitud de fraudes masivos que cometen con impunidad grandes empresas de una larga lista de sectores, desde el de las telecomunicaciones hasta el eléctrico, pasando por bancos, aseguradoras, aerolíneas o firmas del sector alimentario. Fraudes que perjudican gravemente a la economía de las familias, que ven como numerosas compañías les cobran precios superiores a los anunciados, incumplen sus compromisos de calidad, introducen todo tipo de cláusulas abusivas en los contratos o aplican ilegalmente subidas tarifarias.
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