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El Acuerdo se desarrolla a lo largo de 11 capítulos de medidas para orientar la acción de Gobierno, abarca una gran variedad de temas y, digámoslo desde el principio, incluye un buen número de propuestas que, de materializarse, pueden mejorar la situación de los derechos humanos en España.
El Acuerdo incluye, con más o menos concreción, medidas relativas a casi todos los asuntos que son, a nuestro juicio, las principales asignaturas pendientes de España en la protección de los derechos humanos y que, por lo tanto, deben ponerse en marcha cuanto antes. Estas son, entre otras: la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la acogida de personas refugiadas, el acceso a la vivienda y la lucha contra el cambio climático.
Dicho esto, la puesta en práctica de muchas de estas medidas no va a depender exclusivamente del apoyo del PSOE y de Unidas Podemos. Para hacerse realidad, van a necesitar de la colaboración de otros grupos del Congreso, en una legislatura de compleja aritmética parlamentaria, y de la presión de la sociedad civil organizada que recuerde tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios que los derechos humanos se conquistan, no se reciben graciosamente.
Por otro lado, hay cierta confusión sobre qué medidas se van a considerar prioritarias, algunas ausencias significativas, ambigüedades, e incertidumbre sobre calendarios y sobre cómo se van a dotar económicamente las que lo necesiten. Pero es un buen punto de partida que algunas prioridades en derechos humanos estén claras desde el principio para estos dos partidos.
Mientras se celebraba el debate de investidura, una mujer y su hija fueron asesinadas, y cada día cerca de 40 mujeres denuncian delitos contra la libertad sexual. Así que van en la dirección correcta medidas como el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la aprobación de leyes contra la violencia sexual o contra la trata (si bien ésta última debería abordar todas las formas de trata y no sólo la que tiene como fin la explotación sexual), la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del convenio de Estambul, o la reforma de la legislación penal (para asegurar que el consentimiento de la víctima sea fundamental en los delitos sexuales).
En relación a las personas refugiadas, nos encontramos en España con un sistema de acogida de personas que necesitan protección internacional colapsado: casi 129.000 están a la espera de resolución de su solicitud de asilo, otras miles deben esperar incluso meses para realizarla, y hombres mujeres y niños que han venido a refugiarse a nuestro país duermen en la calle. Por ello es buena noticia que el Acuerdo incluya medidas como la elaboración de una nueva ley de asilo, la modificación del sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de protección internacional, adaptándolo a la normativa europea, o la dotación del Fondo estatal de integración como instrumento básico de colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas y los municipios, entre otras.
Se incluye además un compromiso importante de prestar ayuda a las personas más vulnerables que lleguen a nuestro país, como las mujeres víctimas de trata o las y los menores, pero no hay ninguna otra mención a la gestión de la migración irregular, ni a los acuerdos suscritos con países como Marruecos para contener el flujo migratorio. Irónicamente, pocas horas antes de que Pedro Sánchez recordase en el debate de investidura la importancia de los derechos humanos para su futuro Gobierno, 42 personas incluidas mujeres y niños eran devueltas en caliente a Marruecos desde las islas Chafarinas, una violación grave de derechos humanos. La nueva legislatura debe dejar atrás estas prácticas deleznables.
El acceso a la vivienda, uno de los grandes problemas de derechos humanos en España (se han producido 426.593 desalojos desde 2013, 40.492 de ellos en los tres primeros trimestres de 2019) se aborda con una propuesta sin cuantificar de “ampliación progresiva del presupuesto actual dedicado a vivienda” (recordemos que las ayudas a la vivienda se recortaron en un 70% entre 2009 y 2018), y la puesta en marcha de una batería de medidas para frenar las subidas abusivas del alquiler, asegurar el realojo inmediato de quienes se quedan en la calle por impago de renta, fomentar el alquiler social para personas víctimas de desalojo, movilizar suelo público, coordinar mejor servicios sociales y órganos judiciales en casos de ejecución hipotecaria, o abordar el sinhogarismo. Medidas todas ellas que van bien encaminadas , aunque no hay ninguna mención a la necesaria reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que el juez pueden evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso.
En relación al cambio climático, quizá la mayor violación intergeneracional de derechos humanos de la historia, animamos a una mayor ambición en la acción de gobierno. Valoramos muy positivamente la adopción de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética junto con otras medidas como el Plan integrado de Energía y Clima. Sin embargo, se debe fijar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad mucho antes de 2030 y alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050 o tan pronto como sea posible. Asimismo, el Gobierno debe poner fin cuanto antes a las subvenciones a las empresas de combustibles fósiles y adoptar una normativa que exija a las empresas reducir al mínimo las emisiones. Igualmente importante es la necesidad de que las personas defensoras de los derechos humanos que protegen su tierra, su territorio y el medio ambiente gocen de protección efectiva, y puedan defender y promover los derechos humanos sin temor a sufrir ataques. Sí resultan alentadoras las múltiples referencias a conseguir una transición energética justa que no deje a nadie atrás.
Otro punto positivo es la propuesta de aprobación de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la llamada Ley Mordaza de 2015 y que podría revertir los efectos sobre el derecho a la libertad de expresión y reunión de decenas de miles de personas que han sufrido multas injustificadas por querer ejercerlos. Ahora bien, garantizar la libertad de expresión y de reunión exige también la derogación en el Código Penal del Artículo 578 sobre enaltecimiento del terrorismo, del Artículo 491 relativo a las calumnias o injurias a la Corona, o del Artículo 544 sobre sedición, cuya definición es excesivamente vaga y cuya interpretación por parte del Tribunal Supremo ha permitido la injusta condena a nueve años de cárcel de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los dos líderes independentistas catalanes.
Valoramos la inclusión en el Acuerdo de medidas como asegurar la igualdad de trato y la no discriminación (con mención expresa a la necesidad de combatir los discursos de odio), garantizar la universalidad del acceso a la sanidad y eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012 o desarrollar actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil (con un programa estatal de exhumaciones, no privado, que ayude a las familias de miles de víctimas que continúan en fosas comunes).
En el ámbito educativo, es positivo el refuerzo anunciado de la educación en valores y el plan de prevención del acoso y la violencia en los colegios, aunque echamos en falta la obligatoriedad en el curriculum escolar de la educación en derechos humanos como ocurre en la inmensa mayoría de los países europeos.
Cuestiones que no se citan en el Acuerdo: un Plan de Derechos Humanos que no acaba de ver la luz, transversal a todas las acciones de gobierno, desde Economía hasta Interior, la adopción de una nueva Ley de Secretos Oficiales que sustituya a la ley franquista de 1968 (medida que el PNV se ha comprometido a impulsar), y el esclarecimiento de miles de casos de bebés que pudieron ser robados a sus familias durante el franquismo y también en democracia.
La política exterior no tiene un papel destacado en el Acuerdo, aunque son alentadoras las múltiples referencias al fortalecimiento del multilateralismo, tan amenazado actualmente, y a la influencia de España en organismos e instancias internacionales para contribuir a la creación de un mundo más justo y sostenible, fomentando las relaciones con Iberoamérica y África, y apoyando de manera decidida la defensa de los derechos humanos, el cumplimiento de los Acuerdos de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en todo el mundo.
La carencia más grave en política exterior es la ausencia de medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre el comercio de armas y la no exportación a países donde se usan para cometer gravísimos abusos contra la población civil. No hay ni una sola palabra, cuando se trata de una cuestión de mucho impacto en la vida de millones de personas vulnerables que sufren las consecuencias de los conflictos armados más allá de nuestras fronteras. Tampoco contra la proliferación de las armas autónomas (los llamados “robots asesinos”) que se han convertido en una preocupación de primer orden en todo el mundo.
En relación a la Unión Europea, el acuerdo se centra con acierto en la reducción de la desigualdad y la discriminación, impulsando entre otras cosas la creación de un marco legal europeo que garantice los derechos de las personas LGTBI y un plan de lucha contra la discriminación intersex. Se menciona igualmente la necesidad de promover una política europea de inmigración justa y solidaria, con vías legales y seguras, la implementación del Pacto global de las migraciones y el Pacto Mundial sobre los refugiados, y el apoyo al desarrollo sostenible de los países de origen y tránsito para facilitar una inmigración legal y segura.
Llama la atención, sin embargo, que el acuerdo no incluya ni una línea sobre los procedimientos sancionadores de la Unión Europea contra países como Polonia y Hungría y sus políticas contrarias a los derechos humanos.
Hay una referencia en el acuerdo a la justicia universal: la modificación de la Ley Orgánica 1/2014, necesaria para que los perpetradores de los peores crímenes contra los seres humanos no tengan lugar donde esconderse y rindan cuentas ante la justicia, pero no se cita ni la lucha contra la pena de muerte en el mundo, ni la necesidad de garantizar que las grandes empresas respeten los derechos humanos en sus actividades. Sobre esto último, existe un compromiso para el impulso del apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española pero ni se supedita al estricto respeto de los derechos humanos por parte de las empresas ni tampoco se incluye la adopción de una más que necesaria ley que exija a las empresas la aplicación de procedimientos de debida diligencia en derechos humanos, con el fin de identificar potenciales riesgos e impactos en estos derechos, mitigarlos y repararlos.
En resumen, el “Nuevo Acuerdo para España” del PSOE y Unidas Podemos es una guía alentadora, si bien no exenta de ambigüedades y carencias, para desarrollar una acción de gobierno basada en los derechos humanos, aunque como se dice coloquialmente, “el papel lo aguanta todo” y habrá que ver qué medidas se priorizan finalmente y cuáles se vuelven realidad a lo largo de la legislatura. Sin olvidar que la responsabilidad sobre los derechos humanos y la necesidad de adoptar medidas urgentes debe ser asumida por todos los grupos parlamentarios.
La acción de un Gobierno se debe evaluar en función de cuánto mejora o deteriora la vida y las libertades de las personas dentro y fuera de su país. Los países más estables políticamente son aquellos que respetan y garantizan los derechos humanos. La inmensa mayoría de la población debería verse beneficiada por políticas gubernamentales que los fomenten. Es el reto de esta legislatura.
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