El Foro de la Sociedad Civil (C-20), que este año organiza Arabia Saudí, es un absurdo intento de los nuevos anfitriones del G-20 de limpiar su terrible historial de derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional.
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Amnistía ha publicado una declaración conjunta con Transparencia Internacional y Civicus en la que explica por qué este año no participará en el proceso del C-20, un ciclo de reuniones preparatorias previas a la cumbre anual del G-20 que comenzó ayer con una “ reunión inicial” de tres días.
“Se supone que el C-20 brinda una plataforma para que las voces de la sociedad civil de todo el mundo influyan en la agenda del G-20. Puesto que Arabia Saudí ha encarcelado a la mayoría de sus activistas independientes, las únicas organizaciones saudíes presentes serán las afines al gobierno, lo cual convierte todo el proceso en una farsa”, ha dicho Netsanet Belay, director de investigación e incidencia de Amnistía Internacional.
“El C-20 de Riad es una farsa. No podemos participar en un proceso violentado por un Estado que censura toda libertad de expresión, criminaliza el activismo en favor de los derechos de las mujeres y las minorías, así como la homosexualidad, y tortura y ejecuta a quienes lo critican.”
Arabia Saudí se hizo cargo de la presidencia del G-20 en diciembre de 2019. Últimamente el país ha invertido grandes sumas en campañas de relaciones públicas para mejorar su imagen y ha sido anfitrión de varios grandes acontecimientos deportivos que han atraído a visitantes internacionales. Pero tras esta fachada cuidadosamente cultivada, el historial de derechos humanos de Arabia Saudí es tan terrible como siempre.
Arabia Saudí es responsable de la ejecución extrajudicial del periodista y crítico pacífico Jamal Khashoggi. Mas de un año después de su asesinato, en octubre de 2018, no se ha hecho justicia ni se han rendido cuentas por su muerte.
Las principales activistas en favor de los derechos de las mujeres del país siguen siendo encarceladas y juzgadas por promoverlos. Decenas de personas más, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, han sido condenadas a largas penas de cárcel por su activismo pacífico o han pasado hasta año y medio detenidas arbitrariamente sin cargos. Las autoridades de Arabia Saudí también han llevado a cabo ejecuciones tras juicios injustos y tortura y otros malos tratos infligidos de forma habitual bajo custodia.
Información general
El proceso del C-20 dirigido por Arabia Saudí ha comenzado por no garantizar los principios fundamentales del C-20. El nombramiento de los presidentes de los grupos de trabajo y los diversos comités ha sido opaco y no consultivo, y se han tomado decisiones arbitrarias que han excluido a grupos internacionales con experiencia. El proceso del C-20 dirigido por la Fundación Rey Jalid, que está vinculada a la familia real saudí, no puede ser considerado transparente, inclusivo ni participativo. Las autoridades saudíes no permiten la existencia de partidos políticos, sindicatos ni grupos de derechos humanos independientes, y por tanto es imposible que las reuniones del C-20 sean los debates libres y abiertos que deben ser.
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