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“Deben rechazarse las nuevas leyes que confieren a la policía amplios poderes para tratar a ‘delincuentes terroristas en potencia’, incluidas personas menores de 12 años”, ha afirmado Amnistía Internacional con motivo de la crucial reunión que mantendrá mañana una comisión parlamentaria suiza.
La legislación antiterrorista propuesta crearía órdenes de control que limitarían la libertad de las personas, así como sus desplazamientos, expresión, asociación, privacidad, vida familiar y su derecho a trabajar basándose en la vaga idea de que podrían —en un futuro— representar una amenaza para la seguridad nacional. También daría a la policía competencias exhaustivas, incluso para imponer arrestos domiciliarios, la prohibición de viajar y vigilancia electrónica, con pocas salvaguardias efectivas —si es que hay alguna— frente a los abusos.
“Si la policía cree que una persona es una amenaza, debe investigarla, acusarla y enjuiciarla dentro del sistema de justicia penal. Así es como funciona el derecho penal”, dijo Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en antiterrorismo y derechos humanos en Europa.
“Dar a las autoridades poder para limitar gravemente las libertades de las personas basándose, no en lo que han hecho, sino en lo que podrían hacer en el futuro, abre la puerta al abuso. Las medidas, algunas de las cuales afectarían a menores de apenas 12 años, no incluyen las debidas salvaguardias y podrían aplicarse de forma arbitraria y discriminatoria”.
La propuesta de Ley Federal sobre Medidas Policiales para Combatir el Terrorismo prevé directamente el arresto domiciliario, que, según el último borrador, puede renovarse indefinidamente. El arresto domiciliario preventivo podría aplicarse a niños y niñas de 15 años y más, y todas las demás medidas se aplicarían a menores de apenas 12 años.
Según la nueva ley, la Oficina Federal de Policía gozaría de un elevado grado de discrecionalidad para emitir órdenes de control administrativo. En la mayoría de los casos, no necesitarían autorización judicial previa, sino que cabe la posibilidad de basar la decisión en datos imprecisos que podrían indicar que una persona podría representar una amenaza para la seguridad nacional en el futuro. Este umbral es contrario al principio de seguridad jurídica y propicia toda clase de abusos.
La discrecionalidad, unida a la ausencia de ciertas salvaguardias, como el derecho a una vista contradictoria ante un tribunal que permita que la persona afectada discuta la razonabilidad de la sospecha y garantice su acceso a materiales necesarios para impugnar efectivamente la medida, situaría en una clara desventaja a toda persona sometida a una orden de control. La ley propuesta viola el principio de que una persona debe gozar de “igualdad de condiciones” para impugnar las acusaciones que se formulen contra ella.
“Según el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben tomar las medidas adecuadas para proteger a su ciudadanía de ataques dirigidos a la población civil con el fin de garantizar la seguridad de las personas en sus territorios. Sin embargo, las medidas antiterroristas siempre deben respetar el estado de derecho y cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos previstas en el derecho internacional. Aunque la amenaza que los atentados terroristas representan para la ciudadanía es muy real y debe recibir siempre una respuesta enérgica, la función de los gobiernos debería ser brindar seguridad para que las personas disfruten de sus derechos humanos y no restringir los derechos de la población so pretexto de la seguridad”, manifestó Patrick Walder, coordinador de campañas de la Sección Suiza de Amnistía Internacional.
“Privar a las personas de su libertad recluyéndolas en su domicilio sin que haya un proceso justo para impugnar la orden viola flagrantemente las obligaciones de Suiza en materia de derechos humanos. Los niños y las niñas no deberían estar nunca recluidos en estas circunstancias. El Parlamento suizo debe dar marcha atrás y no conferir a la policía este poder sin control”.
Información general
El 16 de enero es un día crucial en el trámite parlamentario de este proyecto de ley. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de los Estados debatirá el borrador de la ley por primera vez y decidirá sobre sus recomendaciones.
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