Los agentes encontraron a los canes en un zulo construido en el sótano de una vivienda en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad, repartidos en tres áreas –zona de cría, zona de venta y zona de animales listos para criar- hallando incluso dos crías muertas, congeladas y envueltas en papel de periódico
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas y han rescatado a 270 perros que se encontraban en dos criaderos ilegales ubicados en las localidades madrileñas de Meco y Arganda del Rey. Hay cinco personas detenidas, entre ellas dos veterinarios, que presuntamente conformaban una de los principales distribuidores de perros a nivel europeo. Los canes se encontraban en un zulo construido en el sótano de una vivienda en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad, incluso algunos de ellos habían sufrido una sección de las cuerdas vocales, posiblemente para que no ladrasen y pudieran alertar a los vecinos. Actualmente los perros intervenidos se encuentran bajo la custodia de varias protectoras de animales, a la espera de la decisión judicial sobre su destino final.
Los animales eran distribuidos por toda la geografía española
Las investigaciones se iniciaron a comienzos del pasado año tras una denuncia en la que se identificaba un criadero ilegal de chihuahuas en un chalé ubicado en la localidad madrileña de Meco. Según se indicó, los animales eran distribuidos por toda la geografía española previo anuncio y contacto a través de una página web.
Tras practicar las gestiones necesarias se realiza una inspección en la vivienda, logrando rescatar 12 perros de la raza chihuahua en el momento que se estaban intentando deshacerse de ellos. Al realizarles las pruebas veterinarias oportunas se comprobó que presentaban síntomas de que les habían cortado las cuerdas vocales, posiblemente para que no ladrasen y pudieran alertar a los vecinos de la existencia de un criadero ilegal de perros en la urbanización.
A partir de este punto, los agentes centraron su objetivo en identificar la posible participación de otras personas, tales como veterinarios, otros criadores, etc. logrando identificar a una familia residente en un céntrico chalé de Arganda del Rey. Estas personas habían dado de alta más de 1.400 canes en la Real Sociedad Canina de España, con el objetivo de dotarlos de una apariencia de legalidad y poder venderlos a un precio más elevado. Pese a que habían dado de alta tal cantidad de animales, no les figuraba registrado ningún lugar “legal” de cría a sus nombres.
Los beneficios obtenidos superarían los dos millones de euros
Tras realizar la entrada y registro en su domicilio, los agentes intervinieron 258 canes (principalmente de las razas chihuahua y pomerania) repartidos en un zulo construido ilegalmente en el sótano y que tenía distribuidos en tres zonas: zona de cría (donde se encontraban los animales con menos de 1 mes y las perras embarazadas), zona de animales preparados para la venta y zona de animales listos para criar.
Los perros se encontraban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad, además que la cría indiscriminada sin ningún tipo de control veterinario habría generado múltiples afecciones a las hembras. Entre los canes intervenidos, los agentes hallaron dos crías muertas, congeladas y envueltas en papel de periódico.
Además de los canes, también se intervinieron medicamentos de uso veterinario, vacunas, chips y documentación (cartillas sanitarias) selladas por veterinarios pero sin terminar de rellenar.
Dos veterinarios entre los arrestados
En total han sido detenidas cinco personas, entre los que se encuentran la pareja que encabezaba el grupo, residente en Arganda del Rey y considerados como unos de los principales distribuidores de perros a nivel europeo de raza chihuahua y Pomerania. También ha sido arrestado un experto informático que se encargaba de la estrategia comercial a través de campañas de márketing y publicidad por redes sociales.
Finalmente fueron detenidos dos veterinarios cuya actividad principal consistía en dotar a los perros que se vendían de una apariencia de legalidad, facilitando cartillas selladas por los centros veterinarios pero sin rellenar, al objeto de que los máximos responsables las adecuaran a sus necesidades. También facilitaba el acceso del criador a medicamentos de uso veterinario y al instrumental pertinente para que fuera el mismo quien les pusiera el chip preceptivo de identificación antes de vender el animal.
Tras el análisis de la documentación, se aprecia que el grupo llevarían operando más de una década y que habrían obtenido unos beneficios superiores a los dos millones de euros.
Los animales se encuentran bajo la custodia de varias protectoras de animales a la espera de la decisión judicial sobre su destino.
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