Estas son las medidas que acompañan la declaración de emergencia climática

Desde Greenpeace valoramos positivamente la priorización que da el Gobierno a la presentación en el Congreso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y a la Estrategia de Descarbonización a largo plazo

El pasado martes el Consejo de Ministros y Ministras aprobó la declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental. Esta declaración marca una de las prioridades de esta legislatura y da un claro mensaje sobre la necesidad de actuar en todos los sectores de la economía así como de proteger la biodiversidad y los recursos naturales. La declaración consta de 30 medidas que incluyen 3 nuevos planes, 5 nuevas leyes y 8 estrategias. Desgranamos las principales líneas.

Medidas para los 100 primeros días

La declaración quiere vencer la resistencia a establecer las medidas contra el cambio climático y para ello establece cinco puntos prioritarios para los primeros 100 días de Gobierno: la Ley de Cambio Climático, la Estrategia de Descarbonización para 2050, El Plan de adaptación, la participación ciudadana y la transición ecológica justa.

Desde Greenpeace valoramos positivamente la priorización que da el Gobierno a la presentación en el Congreso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y a la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, así como los avances en la incorporación en la ley de otros sectores como el agrario (con el objetivo de que sea neutro en CO2 equivalente), la especificación de un parque de turismos y vehículos comerciales de emisión cero, la necesidad de medidas de fiscalidad, presupuestarias y financieras compatibles con la emergencia climática y la mención específica a la perspectiva de género de la Ley.

Sin embargo, también detectamos que, a pesar de priorizar la emergencia climática, siguen apareciendo medidas que indican muy poca ambición y nos alejan del cumplimiento del Acuerdo de París, como el logro de un sistema eléctrico 100% renovable para 2050 -objetivo que se debería conseguir ya en 2030- o los objetivos de reducción de emisiones planteados.

En este sentido la ley debería contemplar la descarbonización completa de la economía en 2040, así como el objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030 respecto a 1990. Esto mismo debería ocurrir con el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC), cuyo borrador sólo preveía la reducción del 20%. De permanecer estos números así, la declaración de emergencia tendrá un escaso impacto real sobre el cambio climático. Mientras, el coste económico de la inacción será infinito.

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