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En toda Asia, una ola de protestas encabezadas por jóvenes desafía la escalada de la represión y las restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica que se viven en todo el continente, ha afirmado Amnistía Internacional, que publica hoy su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región.
Los derechos humanos en Asia y Oceanía: Retrospectiva 2019, que incluye un análisis detallado de la situación en materia de derechos humanos en 25 países y territorios, describe cómo una nueva generación de activistas lucha contra la brutal represión de la disidencia, las campañas tóxicas en las redes sociales y la censura política generalizada.
“2019 fue un año de represión en Asia, pero también de resistencia. Mientras gobiernos de todo el continente intentan eliminar las libertades fundamentales, la gente se opone, y las generaciones jóvenes están al frente de la lucha”, ha afirmado Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y Suroriental y Oceanía.
“Estudiantes en Hong Kong que lideran un movimiento multitudinario contra la creciente injerencia de China; estudiantes en India que protestan contra las políticas antimusulmanas; votantes jóvenes en Tailandia que apoyan en masa a un nuevo partido político de oposición; manifestantes en favor de la igualdad de las personas LGBTI en Taiwán: Dentro y fuera de Internet, las protestas populares encabezadas por jóvenes desafían el orden establecido.”
El pulso de Hong Kong resuena en todo el mundo
China e India, las dos grandes potencias asiáticas, sientan las pautas de la represión en toda la región con su notorio rechazo a los derechos humanos. El apoyo de Pekín a un proyecto de ley de extradición para Hong Kong, que otorgaba facultades al gobierno local para extraditar a personas sospechosas a China continental, desató multitudinarias protestas en este territorio a una escala sin precedentes.
Desde junio, la población de Hong Kong ha salido regularmente a la calle para pedir rendición de cuentas ante actuaciones policiales abusivas, tales como el uso deliberado de gas lacrimógeno, los arrestos arbitrarios, las agresiones físicas y los abusos en los centros de detención. La lucha contra el orden establecido se ha repetido por todo el continente.
En India, millones de personas denunciaron una nueva ley que discrimina a las personas musulmanas, en una oleada de manifestaciones pacíficas. En Indonesia, la gente protestó contra la promulgación por el Parlamento de varias leyes que amenazaban las libertades públicas. En Afganistán, las personas se manifestaron poniendo en riesgo su seguridad para exigir el fin del largo conflicto en el país. En Pakistán, el Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún, de carácter no violento, desafió la represión estatal para movilizarse contra las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Represión contra la disidencia
A menudo, las manifestaciones pacíficas y la disidencia se encontraron con la represión de las autoridades.
Los manifestantes se enfrentaron a detenciones y prisión en Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, y gobiernos represivos en todo el sureste asiático tomaron duras medidas para silenciar a sus oponentes y amordazar a los medios de comunicación.
En Indonesia, varias personas murieron por el uso de fuerza excesiva en la actuación policial para reprimir las protestas. Sin embargo, apenas se tomaron medidas para exigir responsabilidades por las muertes, ningún miembro de la policía fue detenido y no se identificó a ningún sospechoso.
En Pakistán y Bangladesh, activistas y periodistas fueron el principal objetivo de leyes draconianas para restringir la libertad de expresión y castigar la disidencia online.
Y en Hong Kong, la policía empleó tácticas abusivas e indiscriminadas para reprimir manifestaciones pacíficas, como torturas bajo custodia. Todavía no se ha dado respuesta a las peticiones de que se investigue de manera adecuada la conducta de las fuerzas de seguridad.
“Los intentos de las autoridades de reprimir cualquier forma de crítica y eliminar la libertad de expresión fueron tan implacables como previsibles, y quienes se atrevieron a desafiar a los gobiernos represivos pagaron, en muchos casos, un alto precio”, ha declarado Biraj Patnaik, director regional para Asia Meridional.
“A la población en Asia le han dicho que sus aspiraciones de sociedades más justas son fantasías, que las disparidades económicas no se pueden corregir, que el calentamiento global es inexorable y que las catástrofes naturales son inevitables. Y, lo que es más, les han dicho que cuestionar este discurso no será tolerado,” explicó Patnaik.
El peso del nacionalismo intolerante cae sobre las minorías
En India y China, el mero riesgo de insubordinación en zonas en teoría autónomas ha bastado para desatar toda la fuerza del Estado, y a las minorías se las ha considerado, convenientemente, una amenaza para la “seguridad nacional.”
En la provincia china de Sinkiang, hasta un millón de personas uigures y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas han sido recluidas a la fuerza en campos de “desradicalización”.
Cachemira, el único estado indio de mayoría musulmana, vio su autonomía revocada y como las autoridades imponían el toque de queda, cortaban todas las comunicaciones y detenían a líderes políticos.
En Sri Lanka, donde la violencia contra la población musulmana estalló tras los atentados del Domingo de Pascua, la elección como presidente de Gotabaya Rajapaksa redujo las esperanzas de lograr avances de derechos humanos. Otro autoproclamado hombre fuerte, el presidente filipino Rodrigo Duterte, continuó con su criminal “guerra contra las drogas”.
Los gobiernos han intentado justificar la represión acusando a quienes los critican de ser instrumentos de “fuerzas extranjeras” y han reforzado esta represión con sofisticadas campañas en las redes sociales. Ni ASEAN ni SAARC, los dos principales órganos regionales, han intentado pedir responsabilidades a sus miembros, ni siquiera en los casos de violaciones graves de derechos humanos.
Se ha confiado a la Corte Penal Internacional la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército de Myanmar en el estado de Rajine contra la población rohinyá en 2017. La Corte también investiga los miles de homicidios cometidos por la policía en Filipinas y tiene que resolver un recurso de apelación contra su decisión de no autorizar una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán.
Por otra parte, las atroces políticas australianas de detención extraterritorial dejaron a personas refugiadas y solicitantes de asilo consumiéndose y en condiciones físicas y mentales cada vez peores en dos islas del Pacífico, Nauru y Manus (Papúa Nueva Guinea).
Avances contra todo pronóstico
A quienes denuncian estas atrocidades se les suele castigar, pero su valentía marca una diferencia. Hubo muchos ejemplos en que los esfuerzos para lograr avances en materia de derechos humanos en Asia dieron sus frutos.
En Taiwán se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo gracias al infatigable trabajo de campaña realizado por activistas. En Sri Lanka, abogados y activistas llevaron adelante con éxito una campaña contra la reanudación de las ejecuciones.
Brunéi se vio obligado a rectificar sobre la aplicación de leyes que penalizaban con lapidación el adulterio y las relaciones sexuales entre hombres, y el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, se enfrentó a cargos de corrupción por primera vez.
En Pakistán, el gobierno se comprometió a abordar el cambio climático y la contaminación del aire, y dos mujeres fueron nombradas como jueces del Tribunal Supremo de Maldivas por primera vez.
Y, en Hong Kong, el poder de la protesta obligó al gobierno a retirar el proyecto de ley de extradición. Sin embargo, todavía no se han rendido cuentas por los meses de abusos contra los manifestantes y la lucha continúa.
“En 2019, las personas que se manifestaron en toda Asia fueron maltratadas, pero no quebrantadas. Fueron reprimidas, pero no silenciadas. Y juntas, enviaron un mensaje de resistencia a los gobiernos que continúan violando los derechos humanos para reforzar su poder”, ha afirmado Nicholas Bequelin.
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