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En toda Europa se está procesando y hostigando a gente por actos de solidaridad con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes como proporcionar ropa de abrigo, ofrecer refugio y salvar vidas en el mar, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
En un nuevo informe titulado Punishing compassion: solidarity on trial in Fortress Europe (“Castigo a la compasión: la solidaridad a juicio en la Fortaleza Europa”), la organización documenta cómo la policía y las fiscalías hacen uso indebido de leyes contra el contrabando y medidas antiterroristas de por sí deficientes contra defensores y defensoras de los derechos humanos que ayudan a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.
“La creciente atención que se presta a la limitación y disuasión de las llegadas a Europa ha supuesto que hacer que las personas refugiadas y migrantes se sientan a salvo y bien acogidas se considere una amenaza”, ha manifestado Elisa De Pieri, investigadora regional de Amnistía Internacional.
“La falta de medidas de los Estados europeos para atender las necesidades básicas de las tales personas ha supuesto que a menudo la prestación de apoyo y servicios esenciales se deje en manos de gente corriente. Al castigar a quienes se ofrecen a paliar la carencias existentes, los gobiernos europeos hacen que las personas en movimiento corran mayor peligro aún.”
En el informe se examinan casos de defensores y defensoras de los derechos humanos contra quienes, entre 2017 y 2019, se presentaron cargos falsos en Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Suiza y Reino Unido. Se muestra en él cómo se están utilizando injustamente recursos judiciales y policiales, así como leyes promulgadas para procesar a redes delictivas de contrabando, contra quienes ayudan a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo.
Criminalización por ofrecer ropa de abrigo y refugio
Muchos de los casos descritos en el informe de Amnistía Internacional giran en torno al cargo de “facilitar la entrada irregular”, que se ha utilizado contra personas y ONG por una amplia variedad de actos de solidaridad y humanitarios.
Por ejemplo, el guía francés de montaña Pierre Mumber fue llevado a juicio por cargos de “facilitar la entrada irregular” en Francia a raíz de haber ofrecido té caliente y ropa de abrigo a cuatro solicitantes de asilo de África Occidental. Al final fue absuelto en apelación.
Un estricto régimen de control fronterizo impuesto en el lado francés de los Alpes ha supuesto que a las personas refugiadas y migrantes capturadas a menos de 20 kilómetros de la frontera italiana se las acuse de “entrar irregularmente” en Francia y que quienquiera que las haya ayudado corra riesgo de enjuiciamiento y condena. El acceso a los procedimientos de asilo está sumamente restringido si la persona es capturada en esa zona fronteriza, y son frecuentes las devoluciones sumarias a Italia.
En Suiza se ha procesado y condenado a varias personas, entre ellas un pastor, simplemente por proporcionar refugio a extranjeros o ayudarles a acceder a los mecanismos de protección. El parlamento suizo mantendrá un debate parlamentario en los próximos días que podría conducir a un cambio en la legislación sobre facilitación de la entrada irregular. Amnistía Internacional pide a los parlamentarios y parlamentarias que introduzcan una exención que garantice claramente que no se penalizará ningún acto de solidaridad.
Hostigamiento a ONG y criminalización del salvamento marítimo
Mediante el uso indebido de la legislación penal se ha atacado y acosado también a organizaciones de la sociedad civil. En Croacia, las ONG ¿Eres de Siria? y Centro de Estudios para la Paz han sufrido hostigamiento, intimación y procesamiento por “ayuda a la inmigración irregular” como consecuencia de haber documentado y denunciado casos de personas devueltas sumariamente y con fuerza excesiva por la policía en las fronteras con Bosnia y Herzegovina y Serbia.
En Italia, miembros de operaciones de salvamento que han salvado la vida de personas que viajaban a Europa en embarcaciones no aptas para la navegación marítima ha sufrido campañas de difamación, han sido objeto de investigación penal y han tenido que aplicar un código de conducta que puede retrasar la operaciones de salvamento y dejar abandonadas en el mar, sin un puerto en el que desembarcar, a la personas a las que rescatan.
Desde agosto de 2017, las autoridades italianas han retenido en múltiples ocasiones barcos de ONG, con la consiguiente reducción de número de buques disponibles para operaciones de salvamento, incluso a pesar de que el índice de muertes en el mar aumentó en 2018 y 2019.
Las autoridades españolas han hecho uso indebido de normas administrativas para restringir las operaciones de salvamento de barcos de ONG, a las que han amenazado con multas de hasta 901.000 euros.
Dos expertos miembros de equipos de salvamento, Sarah Mardini y Seán Binder, pasaron meses en prisión provisional tras ser detenidos por las autoridades griegas por ayudar a personas refugiadas a llegar a la isla de Lesbos. Están todavía en espera de juicio por cargos infundados como facilitar la entrada irregular y espionaje.
Sarah Mardini ha afirmado: “Ayudábamos voluntariamente a las personas en situación de necesidad. Podríamos pasar 25 años en prisión por ayudar a supervivientes, pero si me preguntan ahora si cambiaría algo, incluso sabiendo que mi vida podría trastocarse totalmente como consecuencia de ello puedo decir que haría exactamente lo mismo.”
Ante la multas y el coste de su asistencia jurídica, las ONG y los defensores y defensoras de los derechos humanos a quienes se está criminalizando se ven obligados a dedicar parte del limitado tiempo y los limitados recursos de que disponen para su labor humanitaria a defenderse de cargos infundados y, en el caso de las organizaciones de salvamento marítimo, a conseguir que les devuelvan sus barcos.
En marzo de 2019, un grupo de personas refugiadas y migrantes se enfrentaron al capitán de barco que las había rescatado, El Hiblu, cuando intento devolverlas ilegítimamente a Libia, a pesar de corrían un riesgo muy concreto de sufrir tortura y otros abusos contra los derechos humanos. Al llegar a Malta, las autoridades maltesas detuvieron a tres adolescentes que formaban parte del grupo por presunto secuestro del barco. Se enfrentan a penas de cadena perpetua por cargos desproporcionados en aplicación incluso de leyes contra el terrorismo. No ha aparecido hasta ahora ningún indicio de que utilizaran la violencia o pusieran a alguien en peligro.
Amnistía Internacional pide a la UE y sus Estados miembros que reformen las leyes nacionales y europeas sobre facilitación de la entrada, tránsito y estancia irregulares para incluir en la definición del delito la búsqueda de beneficio material. De este modo se impediría el uso indebido de la legislación para castigar actos de solidaridad y humanidad.
Protección debida a los defensores y defensoras de los derechos humanos
En la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos se define como tales a quienes emprenden acciones para prestar ayuda y proteger los derechos humanos. De acuerdo con ella, los Estados tienen que garantizarles un entorno seguro y propicio, donde puedan desarrollar sus actividades sin temor a sufrir represalias.
Los líderes y lideresas europeos deben establecer medidas para implementar la Declaración en la UE y garantizar que no se procesa a nadie simplemente por su trabajo en favor de los derechos humanos.
“Las autoridades deben dejar de criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos. La historia no tratará bien a los gobiernos que tratan como delito los actos realizados para salvar vidas”, ha señalado Elisa De Pieri.
“En toda Europa, son muchas las personas que ha dado muestra de mucha más compasión y humanidad que sus gobiernos hacia quienes buscan seguridad. Es vergonzoso que los defensores y defensoras de los derechos humanos estén siendo atacados por autoridades insensibles que se empeñan en cerrar sus fronteras a toda costa, incluidas vidas humanas.”
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