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En lugar de abordar los problemas de salud y seguridad denunciados, como el uso de equipos de protección individual y el número real de casos de COVID-19 en las residencias, las entidades empleadoras silenciaron a estos trabajadores y trabajadoras, a menudo con despidos injustos y medidas antisindicales.
“El personal sanitario y de cuidados estuvo en primera línea de la lucha contra la COVID-19. El gobierno italiano lo elogió por su arduo trabajo en circunstancias terribles. Pero esos mismos profesionales fueron silenciados por sus entidades empleadoras cuando intentaron exponer su preocupación por sus pacientes y su propia seguridad”, afirmó Marco Perolini, investigador sobre Europa Occidental de Amnistía Internacional.
Entre febrero y agosto de 2021, un equipo de investigación de Amnistía Internacional habló con 34 profesionales sanitarios y de cuidados que trabajaban en residencias durante la pandemia, así como con sindicalistas, profesionales de la abogacía y juristas. Las entrevistas ponen de manifiesto un sector muy feminizado que sufre la presión de la falta de personal, salarios bajos y condiciones precarias, todo ello agravado por la peor pandemia en un siglo.
La pandemia ha afectado enormemente al personal de las residencias en Italia, el 85% del cual son mujeres. Según estadísticas oficiales, el 65,6% del número total de personas que contrajeron la COVID-19 en el entorno laboral en Italia trabajaba en el sector sanitario y en el de cuidados. Casi una cuarta parte de quienes murieron tras contraer la enfermedad en el trabajo eran profesionales sanitarios y de cuidados de residencias.
Medidas disciplinarias y antisindicales
Un tercio de las personas con las que habló Amnistía Internacional expresó preocupación por el clima de temor y represalias en su lugar de trabajo. Los profesionales de la abogacía informaron de más de una docena de casos de actuaciones disciplinarias y despidos, algunos de los cuales fueron contra representantes sindicales que habían denunciado la falta de medidas sanitarias y de seguridad en varias residencias.
En diciembre de 2020, el Tribunal de Trabajo de Milán declaró improcedente el despido por una gran residencia de esa ciudad del sindicalista y enfermero Piero a causa de sus actividades sindicales. Piero había expresado preocupación por la elevada tasa de mortalidad entre las personas de edad avanzada que vivían en la residencia. Tras recibir siete amonestaciones disciplinarias por hablar, en noviembre de 2020 fue suspendido de empleo un mes. “Las cooperativas y las residencias públicas han acallado a quienes han denunciado o han hablado con la prensa”, dijo Marco, enfermero externalizado que trabaja en una residencia privada de Lombardía.
La ley italiana de 2017 sobre denunciantes de irregularidades protege a quienes revelan actuaciones indebidas en el lugar de trabajo. Sin embargo, no garantiza una protección adecuada en cuanto a la confidencialidad y la independencia en el sector privado, al que pertenece el 73% de las residencias de Italia. Las autoridades italianas deben proteger los derechos de todas las personas que trabajan en el sector de los cuidados de los abusos por el sector privado.
Gran mortalidad en el sector asistencial
Antes del 29 de septiembre de 2021 habían muerto en Italia de COVID-19 más de 130.200 personas, más del 95% de las cuales eran mayores de 60 años. Algunos cálculos indican que el 8,5% de todas las personas de edad avanzada que vivían en residencias en Italia murieron en los primeros meses de la pandemia.
En diciembre de 2020, Amnistía Internacional denunció la inacción de las autoridades italianas, que no implantaron políticas adecuadas para proteger a las personas de edad que vivían en residencias, incluidos sus derechos a la vida, a la salud y a no ser discriminadas.
Aunque la campaña de vacunación, que dio prioridad a quienes vivían en las residencias y al personal sanitario y de cuidados, ha reducido la morbilidad y la mortalidad entre las personas mayores y las que trabajan en las residencias, siguen sin abordarse problemas del sector que preocupan desde hace tiempo, como los salarios bajos y el número desproporcionado de mujeres en un sector de condiciones laborales precarias.
Es urgente una investigación independiente
Las autoridades italianas deben garantizar que se escuchan las voces de estos trabajadores y trabajadoras. Amnistía Internacional pide al Parlamento italiano que establezca una comisión de investigación independiente para estudiar la respuesta de las autoridades a la pandemia de COVID-19 y, específicamente, lo sucedido en las residencias. Aunque hay algunas propuestas en los estadios iniciales, no se ha aprobado aún ninguna investigación.
Esa comisión debe considerar también los graves motivos de preocupación expuestos por trabajadores, trabajadoras y sindicatos sobre salud, seguridad y precariedad de las condiciones laborales durante la pandemia de COVID-19 y antes de ella.
“Es vital que el Parlamento italiano apruebe una investigación independiente para aprender de la experiencia, prevenir errores similares y hacer justicia a las personas que murieron innecesariamente y a las que han sido despedidas de forma injusta”, concluyó Debora Del Pistoia, investigadora de Amnistía Internacional Italia.
Una tendencia global de represión
El silenciamiento del personal sanitario y de cuidados en Italia forma parte de una alarmante tendencia global en la que estamos presenciando cómo las autoridades vulneran la libertad de expresión en todo el mundo durante la pandemia. El personal sanitario y de cuidados sufre represalias por alzar la voz en países como Polonia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.
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