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En Reality Check 2021, su nuevo análisis sobre los avances realizados por Qatar en la reforma de su sistema laboral, la organización concluye que los cambios llevan un año paralizados, y que han resurgido las viejas prácticas abusivas, que recuperan los peores elementos de la kafala y socavan algunas de las recientes reformas. Para muchos trabajadores y trabajadoras migrantes del país, la realidad cotidiana sigue siendo dura, pese a los cambios legales que vienen introduciéndose desde 2017.
Ahora que el Mundial se aproxima y que el historial de derechos humanos de Qatar capta cada vez más atención, Amnistía Internacional pide a las autoridades qataríes medidas urgentes para agilizar el proceso de reforma antes de que sea demasiado tarde.
“El tiempo corre, pero aún no es demasiado tarde para pasar del papel a la acción. Ha llegado el momento de que las autoridades qataríes demuestren su valentía y asuman por completo su propio programa de reformas laborales; los avances logrados hasta la fecha habrán sido en vano si Qatar opta por una débil aplicación de las políticas correspondientes y no pide responsabilidades a quienes cometen abusos”, afirma Mark Dummett, director del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“La aparente autocomplacencia de las autoridades está dejando a miles de trabajadores y trabajadoras constantemente expuestos a la explotación de empleadores sin escrúpulos, a lo que se suma la imposibilidad de cambiar de trabajo y la retención de salarios en numerosas ocasiones. En consecuencia, las esperanzas de reparación, indemnización y justicia son escasas. Tras el Mundial, la suerte de la mano de obra que permanezca en Qatar será aún más incierta”.
En agosto de 2020, Qatar había aprobado dos leyes para eliminar las restricciones que impedían a la mano de obra migrante salir del país y cambiar de trabajo sin permiso de la entidad empleadora. De ser correctamente aplicadas, esas leyes podrían asestar un certero golpe al sistema kafala, que sigue atando al personal migrante a sus empleadores y empleadoras. Sin embargo, varios trabajadores han referido a Amnistía Internacional que todavía deben hacer frente a obstáculos considerables para cambiar de trabajo y a la posibilidad de ser expulsados sumariamente del país si el empleador o empleadora no queda satisfecho.
El trabajador migrante Jacob (nombre ficticio) lleva más de cinco años en Qatar: “Ha habido cambios sobre el papel —afirma—, pero no sobre el terreno […] Cuando entras en una empresa y te mezclas con los trabajadores [ves que] el cambio ha sido mínimo. La situación sigue siendo espeluznante”.
Mano de obra atada a puestos de trabajo que quiere abandonar
Desde 2017, Qatar ha llevado a cabo una serie de reformas favorables a la mano de obra migrante. Entre ellas figuran una ley que regula el horario laboral de las trabajadoras domésticas en régimen interno, tribunales laborales para facilitar el acceso a la justicia, un fondo para contribuir al cobro de salarios retenidos y un salario mínimo. Además, se han ratificado dos importantes tratados internacionales de derechos humanos, aunque sin reconocer el derecho de los trabajadores y trabajadoras migrantes a sindicarse.
Sin embargo, la no aplicación de todo lo anterior supone la continuación de la explotación.
Por ejemplo, aunque Qatar ha eliminado el requisito de obtener el permiso de salida y el “certificado de no objeción” para la mayoría de la mano de obra migrante, con lo que en teoría ésta puede salir del país y cambiar de trabajo sin el consentimiento de sus patrocinadores, en la práctica ha surgido un nuevo proceso de “certificado de no objeción” y permanecen en vigor aspectos lesivos del sistema de kafala. Así, los empleadores y empleadoras abusivos pueden seguir impidiendo al personal migrante cambiar de trabajo y controlar su situación legal.
Aisha, que trabaja en el sector de la hostelería, relata cómo su empleador la amenazó cuando se negó a firmar un nuevo contrato con él, y solicitó cambiar de empleador. Su respuesta fue que o bien pagaba 6.000 riales qataríes (1.650 dólares estadounidenses) es decir, más de cinco veces su sueldo mensual por un “certificado de no objeción” o, de lo contrario, sería devuelta a su lugar de origen. Aunque los cambios legales han permitido a Aisha cambiar libremente de trabajo, la denuncia que presentó ante el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales ha sido desestimada.
“La situación en sí nos afectó mucho a mí y a toda mi familia: como principal sostén económico, para mí no es fácil gestionar una situación así. A veces, preferiría no despertar por la mañana”, asegura Aisha a Amnistía Internacional.
Aunque el mencionado “certificado de no objeción” ha sido abolido, las organizaciones de ayuda a trabajadores y trabajadoras migrantes y las embajadas de Doha han observado que la no inclusión de algún tipo de autorización por escrito del empleador o empleadora parece hacer aumentar la probabilidad de que una solicitud de cambio de empleo sea rechazada. A su vez, esta circunstancia ha dado lugar a un “mercado de certificados de no objeción”, que permite lucrarse a los empleadores sin escrúpulos.
También se recurre a otras prácticas abusivas, como la retención de salarios y prestaciones, para dificultar el cambio de empleo a los trabajadores y trabajadoras. Además, la mano de obra migrante sigue dependiendo de sus empleadores para entrar en Qatar y permanecer en el país, con lo que han proliferado las acusaciones de “fuga” y las cancelaciones de permisos de trabajo, que son los métodos que utilizan los empleadores para controlar a su personal.
Continúa la explotación a escala masiva
En su análisis, Amnistía Internacional ha observado también que el pago con retraso y la retención de salarios y otras prestaciones contractuales siguen siendo formas muy habituales de abuso que sufre la mano de obra migrante en Qatar. Sin embargo, el acceso de ésta a la justicia es muy limitado y se sigue prohibiendo a los trabajadores y trabajadoras organizarse para luchar juntos por sus derechos.
El pasado mes de agosto, Amnistía Internacional documentó la pasividad de las autoridades qataríes a la hora de investigar la muerte de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes, pese a la existencia de una relación demostrada entre las muertes prematuras y la falta de seguridad en el trabajo. A pesar de la instauración de ciertas salvaguardias nuevas para los trabajadores, los graves riesgos persisten -por ejemplo, las nuevas normativas no incluyen periodos de descanso obligatorios acordes al clima o al tipo de trabajo desempeñado- y las autoridades han hecho poco por investigar el elevado número de muertes no explicadas.
“Qatar es uno de los países más ricos del mundo, pero su economía depende de los dos millones de trabajadores y trabajadoras migrantes que residen en él. Todas esas personas tienen derecho a recibir un trato justo en el trabajo, así como justicia e indemnizaciones si sufren abusos”, afirma Mark Dummett.
“Si Qatar hace algún gesto para dejar claro que no va a tolerar abusos laborales, penaliza a los empleadores o empleadoras que infrinjan la ley y protege los derechos laborales, nos ofrecerá un campeonato que todo el mundo podrá celebrar. Pero aún queda un trecho para llegar a eso“.
Asimismo, Amnistía Internacional insta a la FIFA, como organizadora de la Copa Mundial de Fútbol, a estar a la altura de sus responsabilidades, e identificar, prevenir, mitigar y reparar los problemas de derechos humanos relacionados con el campeonato, entre ellos los que afectan a las personas que trabajan en sectores como la hostelería y el transporte, que están creciendo enormemente para facilitar la celebración de los partidos. Además, la FIFA debe alzar la voz, tanto en público como en privado, para pedir al gobierno qatarí que cumpla su programa de reformas laborales antes del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol.
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