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UNICEF/Christine Nesbitt La alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos dijo que 5,2 millones de personas, o nueve de cada diez, precisan ayuda humanitaria en estos momentos en Tigray
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El Consejo de Derechos Humanos adoptó este viernes una resolución que establece una comisión internacional de expertos que investigará las denuncias de abusos que se están cometiendo en Etiopía.
Las violaciones de los derechos humanos y las necesidades humanitarias siguen azotando a la región etíope de Tigray cuando ha transcurrido más de un año más desde que en noviembre de 2020 estallara el conflicto entre el gobierno de la nación africana y el antiguo partido gobernante de la zona, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray.
Durante una sesión especial dedicada a la grave situación de las garantías fundamentales en esa región africana, la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos destacó que 5,2 millones de personas, o nueve de cada diez, precisan ayuda humanitaria en estos momentos en Tigray.
Nada Al-Nashif recordó que desde el pasado mes de julio sólo han podido entrar en Tigray unos pocos suministros humanitarios gestionados por la ONU y que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios estimó en junio que al menos 400.000 personas en Tigray vivían en condiciones similares a la hambruna.
Las dificultades para acceder a la zona no permiten estimados más recientes por lo que Al-Nashif indicó la probabilidad de que la situación actual sea todavía peor que la registrada en verano.
El Comité aprueba establecer una comisión de expertos en DDHH
Tras instar a las partes en conflicto a respetar los reiterados llamamientos internacionales a cesar las hostilidades y a participar en un diálogo constructivo e inclusivo a nivel nacional, afirmó que al menos dos millones de personas en las regiones de Tigray, Amhara y Afar se tuvieron que desplazar a causa del conflicto y que "muchas de ellas no reciben la ayuda que necesitan para seguir con vida".
Ante la gravedad de los hechos, el Consejo aprobó posteriormente una resolución, que recibió el apoyo de 21 países, con 15 en contra y 11 abstenciones, en la que se decidió establecer una comisión internacional de expertos en derechos humanos sobre Etiopía.
El comité tendrá un mandato inicial de un año, sujeto a renovaciones, y sus integrantes serán tres expertos en garantías fundamentales nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos.
Su trabajo complementará el realizado previamente por el Equipo Conjunto de Investigación, en el que participan la oficina de derechos humanos de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía.
El primer mandato de la comisión será conducir “una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias de violaciones y abusos de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados en Etiopía cometidas desde el 3 de noviembre de 2020 por todas las partes en el conflicto”.
El estado de excepción provoca múltiples detenciones
Al-Nashif también mostró su preocupación por las consecuencias humanitarias que está provocando el estado de excepción a nivel nacional anunciado por el gobierno etíope el pasado 2 de noviembre.
La alta comisionada adjunta expresó su inquietud ante el hecho de que la medida extraordinaria autoriza la detención, el registro y la reclusión de cualquier persona sospechosa de apoyar al Frente de Liberación del Pueblo Tigray y al Ejército de Liberación Oromo, ambos designados como "grupos terroristas" en mayo de 2021
“Aunque algunas de las personas detenidas en las últimas seis semanas han sido puestas en libertad, calculamos que entre 5000 y 7000 siguen retenidas, entre ellas 9 miembros del personal de la ONU. Muchos están en régimen de aislamiento o en lugares desconocidos. Esto equivale a una desaparición forzada, y es una cuestión muy preocupante”.
Igualmente deploró el aumento de los discursos de odio y la incitación a la violencia por parte de las autoridades federales y regionales, así como de otras figuras públicas, especialmente dirigidos contra los habitantes de Tigray y los miembros de la comunidad oromo.
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