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Cuando, durante su primera semana en el cargo, el presidente Trump firmó lo que se ha conocido como la prohibición de entrada a los musulmanes, puso en marcha una serie de sucesos que a día de hoy siguen dejando a familias en situación de incertidumbre y peligro, según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional Estados Unidos. En algunos casos, estas familias recibieron permiso para viajar a Estados Unidos a finales de 2016 y principios de 2017, sólo para encontrarse varadas en países en los que se enfrentan a políticas restrictivas, entornos cada vez más hostiles y, a menudo, la falta de los mismos derechos que las personas que tienen la residencia permanente o la ciudadanía.
El nuevo informe, titulado “The Mountain is in Front of Us and the Sea is Behind Us”, se basa en casi 50 entrevistas realizadas por Amnistía Internacional Estados Unidos con personas refugiadas que actualmente viven en Líbano y Jordania. El informe describe las desesperadas circunstancias a las que se enfrentan las familias que continúan atrapadas en un limbo imposible a causa de las discriminatorias políticas estadounidenses, mientras tratan de buscar una nueva vida y un hogar permanente.
“Son familias que en su momento más desesperado confiaron en Estados Unidos y ahora se encuentran al borde de la catástrofe por algo de lo que no tienen absolutamente ninguna culpa”, ha manifestado Denise Bell, investigadora de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Ya han tomado la desgarradora decisión de abandonar sus hogares, y ahora soportan las discriminatorias consecuencias de las políticas estadounidenses. Su situación no hace más que empeorar. El gobierno de Estados Unidos debe cumplir la promesa que hizo a estas familias y a innumerables personas refugiadas más. El gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos de las personas refugiadas, y dar la espalda a estas personas constituye un abismal incumplimiento más de sus obligaciones. ”
Entre las personas refugiadas con las que Amnistía Internacional Estados Unidos habló se encontraban Ahmed Amari* (nombre cambiado para proteger a la familia) y su familia. Son refugiados sirios que huyeron a Beirut en 2013. Se registraron como refugiados en el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en 2014, y en diciembre de 2016 les dijeron que se prepararan para su nuevo hogar en Virginia. Cuando en enero de 2017 el presidente Trump firmó la prohibición de entrada a los musulmanes, a Ahmed le dijeron que esperara hasta que se levantara la prohibición para poder proceder con su caso.
Dos años y medio después de haber recibido permiso inicial para entrar en Estados Unidos, Ahmed pronto perderá su condición de residente, con lo que él y su familia estarán expuestos al peligro de sufrir detención arbitraria, reclusión y devolución a Siria. La tienda de alfombras en la que trabaja cerrará dentro de unos meses, y sin permiso de residencia es dificilísimo encontrar un nuevo empleo. La familia no puede regresar a Siria por la guerra, por el miedo al actual conflicto armado y la posibilidad de ser objeto de reclutamiento forzoso en el ejército sirio. “Resulta durísimo, realmente difícil [vivir en el limbo en Líbano]”, dijeron Ahmed y su esposa Amina* a Amnistía Internacional Estados Unidos.
Otro refugiado con el que habló Amnistía Internacional Estados Unidos fue Malik,* que había huido de Bagdad a Beirut con su esposa y sus dos hijos ante el temor por su vida a causa de su fe cristiana. La familia de Malik había llegado a someterse a una formación completa para prepararse para su nueva vida en Estados Unidos cuando se aprobó su caso.Desde la firma en 2017 de la prohibición de entrada a los musulmanes, su caso permanece en suspenso a causa de lo que, según le han dicho, son “controles de seguridad”, a pesar de que ya había sido aprobado.
Al preguntarle qué diría si pudiera hablar con el presidente Trump, Malik dijo: “Somos refugiados. Somos refugiados humanos. Somos refugiados a causa de las difíciles situaciones que nos obligaron a huir [...] Por favor, para que podamos vivir. Queremos vivir; queremos vivir en paz.”
Históricamente, Estados Unidos ha reasentado anualmente a la cifra de refugiados más alta del mundo. Desde que en 1980 Estados Unidos estableció el Programa de Ayuda a Refugiados, la cifra media de personas que han sido reasentadas cada año fiscal era de 80.000. Esto cambió en 2017, cuando uno de los primeros actos del presidente Trump en el cargo fue recortar la cifra de admisiones de refugiados de 110.000, establecida por el presidente Obama en su último año en el cargo, a 45.000: la cifra más baja establecida hasta ese momento. Para el final del año fiscal de 2018 apenas se había reasentado a 22.000 refugiados: la cifra más baja admitida en la historia del programa. Con el actual gobierno estadounidense, el reasentamiento de refugiados se ha reducido un 71 por ciento en tres años.
Las discriminatorias políticas de Trump han diezmado el reasentamiento de refugiados desde Líbano y Jordania, países que albergan la cifra de personas refugiadas más alta del mundo en relación con su población.
El informe hace también una crónica de los devastadores efectos de la eliminación de la financiación estadounidense a la Agencia de la ONU para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA). El informe recomienda restaurar íntegramente la ayuda humanitaria al fundamental mandato de la UNRWA proporcionando asistencia humanitaria a las personas refugiadas en la región.
“Las personas refugiadas no son una amenaza, y no son sólo cifras”, ha manifestado Denise Bell. “Son mujeres, hombres, niñas y niños con historias únicas que contar. Hemos hablado con maestros, artistas, ingenieros, obreros y amas de casas: personas como tú, como yo, y como toda la gente a la que conocemos. Lo único que quieren es lo que querría cualquiera en su situación: seguridad, un lugar al que llamar hogar, trabajo para mantenerse, y educación para sus hijos e hijas. Sólo quieren vivir con dignidad.”
El informe pide a Estados Unidos que mantenga el objetivo de admitir al menos a 30.000 personas refugiadas en el año fiscal de 2019, y que aumente ese objetivo a al menos 95.000 en 2020.
“El Congreso debe hacer su trabajo y hacer que el gobierno de Trump rinda cuentas por las personas refugiadas”, ha manifestado Ryan Mace, especialista en trabajo de incidencia de base y en cuestiones de refugiados de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Eso significa rechazar los devastadores recortes propuestos por el presidente y, en su lugar, proporcionar ayuda humanitaria para salvar la vida de poblaciones refugiadas y desplazadas. El gobierno debe garantizar que Estados Unidos no discrimina a las personas refugiadas basándose en sus creencias religiosas o en el lugar del que proceden.”
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