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Los Gobiernos de Europa se preparan para sacar de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea a nueve de los paraísos fiscales más agresivos del mundo en la reunión de Ministros de Finanzas (ECOFIN) que tendrá lugar en Bruselas en el mes de marzo según un estudio publicado hoy por Oxfam (Oxfam Intermón en España)
El informe de Oxfam, titulado Vía libre, revela que, en la primera revisión anual de las listas negra y gris de paraísos fiscales que realizará la UE, es probable que elimine de cualquiera de las dos listas a las Bahamas, las Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Guernsey, Hong Kong, la Isla de Man, Jersey y Panamá. Algunos de estos paraísos fiscales están implicados en escándalos tan conocidos como los Papeles del Paraíso y los Papeles de Panamá.
A su vez, el informe de Oxfam muestra que, si la Unión Europea aplicase sus propios criterios a los Estados miembros, cinco de ellos pasarían a formar parte de la lista negra (Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos).
En diciembre de 2017, la UE publicó su primera lista negra de paraísos fiscales como medida para luchar contra la evasión y elusión fiscal. Actualmente, la lista negra tan solo cuenta con cinco pequeños Estados (cinco islas en realidad), mientras que la lista gris cuenta con 63 países cuyos Gobiernos se han comprometido a acometer reformas de cara a la revisión de este año.
Aplicando los criterios y parámetros de la propia UE, Oxfam ha analizado las reformas y compromisos asumidos por los países que integran la lista gris. El análisis apunta a que la UE debería añadir 19 países a su lista negra al no cumplir con los compromisos que habían asumido.
El análisis también indica que la UE probablemente saque a 23 países de la lista gris, incluidas nueve jurisdicciones que siguen operando como paraísos fiscales, debido a unos criterios demasiado laxos y a un proceso de evaluación deficiente. El informe de Oxfam concluye que las reformas de determinados países pueden resultar ineficientes o incluso totalmente nocivas. Por ejemplo, la UE solo considera los paraísos fiscales que otorgan un trato preferencial exclusivamente a multinacionales o beneficios que provengan del exterior, por lo que jurisdicciones como Hong Kong pueden escapar de la lista negra al generalizar las prácticas fiscales nocivas que antes se aplicaban solo a los beneficios generados fuera de Hong Kong a todos los beneficios empresariales ahora, incluidos los que generan dentro del territorio.
“Elaborar una lista negra de paraísos fiscales fue una apuesta valiente para luchar contra la evasión y elusión fiscal, pero la UE parece haber perdido su ímpetu inicial. Los Gobiernos europeos parecen dispuestos a dar carta blanca a algunos de los paraísos fiscales más agresivos del mundo, poniendo en entredicho la credibilidad de todo el proceso” señala Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón.
La UE dejó claro desde el principio del proceso que ningún Estado miembro estará incluido en la revisión ni considerado como paraíso fiscal. Sin embargo, los paraísos fiscales en el corazón de la UE representan más de un tercio de los 600 000 millones de dólares que se calcula que las multinacionales trasladaron a paraísos fiscales en 2015. Al aplicar los propios criterios de la UE a sus 28 Estados miembros, Oxfam ha identificado cinco países que incumplen el criterio de fiscalidad justa. Por ejemplo, Irlanda y los Países Bajos ofrecen incentivos fiscales que permiten a las empresas dejar de tributar por los rendimientos derivados del registro de la propiedad intelectual, como las patentes y el copyrigth.
“Años de políticas de austeridad en Europa han ahondado la brecha entre ricos y pobres, polarizando a la sociedad y sumiendo a la UE y a sus Estados miembros en una grave crisis. Es hora de que los Gobiernos de la UE pongan su casa en orden” añade Ruiz.
Los paraísos fiscales permiten a las multinacionales y a las grandes fortunas eludir el pago de miles de millones de euros en impuestos. Son recursos que se escapan de las arcas públicas con los que podrían financiarse servicios públicos básicos como la educación y la sanidad, y que resultan vitales para luchar contra la pobreza y la desigualdad. La evasión y elusión fiscal de las grandes empresas provocó que Francia, España, Italia y Alemania dejaran de recaudar cerca de 35 000 millones de euros en impuestos tan solo en 2015. Si dichos países pudieran invertir esta cantidad en sus sistemas públicos de sanidad, podrían reducir el gasto directo en sanidad de las familias hasta en un 28,3% dependiendo del país.
Mayor responsabilidad en España
En el caso de España, el coste de la crisis financiera fue especialmente duro en nuestro país. Una de cada seis familias de clase media cayó en la pobreza, y no ha salido pese a la recuperación económica que ha favorecido cuatro veces más a los más ricos. Contamos ya con 617.000 hogares sin ningún tipo de ingreso al no existir en nuestro país, a diferencia de otros vecinos europeos, un sistema de garantía de ingresos de cobertura universal. Nuestro sistema de protección social está claramente infradotado mientras persiste una brecha de recaudación de casi 7 puntos con la zona euro. Recuperar capacidad recaudatoria debe ser una prioridad para cualquier gobierno que tenga como misión la reducción de la desigualdad. Con los 3500 millones adicionales de recaudación que podrían lograrse si se pusiera coto al menos a los paraísos fiscales europeos, se alcanzaría la extensión de la cobertura de rentas mínimas de inserción a los 617.000 hogares en nuestro país que hoy carecen de ningún tipo de ingresos. Y aún contaríamos con capacidad suficiente para ampliar la pensión no contributiva, de la que viven casi medio millón de ancianas y ancianos sin derecho a jubilación hasta los 533 euros mensuales.
De cara a las próximas elecciones generales, la organización propone a los diferentes partidos políticos que prioricen un plan de urgencia contra el fraude fiscal, en el que se incluya una lista negra española de paraísos fiscales actualizada, objetiva y ambiciosa, elaborada sin interferencias políticas. La simple aplicación directa de la lista europea nos llevaría a una lista insuficiente e inefectiva, con tan solo un número irrelevante de territorios que no representan los países de riesgo reales para la administración española, mientras se quedarían fuera los principales y más reconocidos paraísos fiscales. Por ello es necesario en el caso español, que se incorporen al menos todos los territorios de baja o nula tributación, así como automáticamente los países con prácticas nocivas y agresivas.
La falta de opacidad en la gestión política y administrativa de la lista de paraísos fiscales, en el caso español, debe terminar. Por lo tanto, cualquier actualización que se dé en el futuro debe incorporar una mayor transparencia en el marco parlamentario.
Este proceso debe completarse con la incorporación de criterios de responsabilidad fiscal en la contratación y concursos públicos a todos los niveles de la administración (central, autonómica, provincial y municipal), para incentivar que los recursos públicos den prioridad a empresas fiscalmente responsables cuyos beneficios no se deriven a paraísos fiscales.
De igual forma, Oxfam solicita a los Gobiernos de la UE que fortalezcan los criterios de elaboración de su lista negra a través de medidas como la ampliación de su definición de práctica fiscal nociva; la aplicación de un proceso de evaluación sólido, basado en principios objetivos y libre de cualquier injerencia política; y la garantía de que los paraísos fiscales europeos acometan reformas en la misma dirección. La UE debe hacer un seguimiento de las reformas fiscales que apliquen los países de la lista gris para garantizar que sean efectivas.
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