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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado hoy su primera demanda civil en representación de los socios que adquirieron acciones en la ampliación de capital del Banco Popular en 2016 o el mercado secundario. Estos perdieron su dinero tras su repentina resolución el 7 de junio de 2017. La demanda tiene como objetivo recuperar las cantidades invertidas.
Para OCU la demanda y el Informe pericial que se acompaña se fundamentan en la ocultación que se hizo a los accionistas de la situación financiera real de la entidad, y que provocó un año más tarde la resolución del Banco y la perdida de la inversión. Por ello a través de esta acción judicial, los afectados, tanto si adquirieron sus acciones directamente en la ampliación o con posterioridad a través del mercado secundario piden en diferentes acciones de anulación y responsabilidad legal, la devolución de las cantidades invertidas o la indemnización por daños con los intereses legales.
En esta primera demanda 300 socios de OCU acuden a los tribunales para reclamar un importe total de más de 7.500.000 de euros a los que hay que sumar intereses y costas.
Durante el 2018 y lo que va de este año se ha realizado un informe pericial encargado por OCU para fundamentar las demandas, el cual recoge todos los elementos objetivos y acontecimientos sucedidos hasta la fecha que evidencian cómo las cuentas de Banco Popular no reflejaban la imagen fiel desde el ejercicio 2011.
Con esta demanda OCU completa todas las acciones posibles en defensa de los intereses de sus socios afectados por la quiebra del Banco Popular que ocasionó que todos los pequeños accionistas perdieran su dinero a raíz de la resolución del Banco en junio de 2017.
En el ámbito penal OCU presentó en junio de 2017 una Querella ante la Audiencia Nacional contra los antiguos administradores del Banco, su auditora PwC y socio responsable de auditoría que en la actualidad sigue en fase de investigación.
En Europa, OCU presentó recurso contra la propia Decisión de la JUR de resolución de Banco Popular y contra la denegación de la JUR y el BCE de acceso completo a la información soporte de aquella Decisión (como el informe de valoración de la entidad emitido por Deloitte), actualmente en tramitación.
En la vía contencioso-administrativa, OCU puso en marcha un procedimiento contencioso-administrativo contra el FROB, que ha sido suspendido hasta que haya una resolución definitiva de los procedimientos que a nivel europeo se han abierto contra la decisión de resolver el banco adoptada por la JUR. Además de estas acciones, OCU ha puesto en marcha una solicitud de responsabilidad patrimonial al Banco de España que se encuentra pendiente de resolución.
Con la presentación de esta primera demanda, a la que seguirán otras de características similares, OCU cumple su compromiso con los afectados de defender en todas las instancias posibles los intereses de los cientos de miles de pequeños accionistas que se vieron afectados por la quiebra de Banco Popular. OCU lamenta la lentitud de la justicia en resolver estos procedimientos, pero al mismo tiempo confía en que finalmente se reconozca el derecho de los afectados a recuperar su dinero.
OCU recuerda a todos los afectados por la quiebra del Banco Popular que puso en marcha una campaña para defender los intereses de los pequeños accionistas afectados y que, si aún no se han decidido, están a tiempo de hacerlo.
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