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Se cumplen dos años desde que se hizo pública la resolución y venta del Banco Popular y la Organización de Consumidores y Usuarios pone de manifiesto la lentitud de la justicia en resolver los procedimientos puestos en marcha para resolver el caso.
La Organización confía en que finalmente se reconozca el derecho de los afectados a recuperar su dinero, pero pide celeridad a las administraciones y a la justicia para que resuelvan lo antes posible todas las acciones interpuestas por OCU en defensa de los intereses de sus socios afectados por la quiebra del Banco Popular y que provocó que todos los pequeños accionistas perdieran su dinero.
Desde que se conoció la noticia, la Organización de Consumidores y Usuarios ha interpuesto diferentes acciones, encaminadas a denunciar la falsedad o grave inexactitud de las cuentas del Banco Popular (acción penal y civil), denunciar la propia resolución del Banco Popular y su venta por 1€ al Banco Santander acordada en base al informe de Deloitte por la JUR y su ejecución por el FROB (procedimiento ante el TGUE y AN, respectivamente) y denunciar la labor supervisora del Banco de España (en vía administrativa).
En primer lugar, OCU ya se dirigió al Banco de España y al Ministerio de Economía para solicitar que se estableciera un mecanismo extrajudicial que ahorrase tiempo y dinero a los más de 300.000 afectados, pues considera que los ahorradores deben tener derecho a recuperar todo el dinero perdido sin ningún coste adicional y a una solución rápida y justa.
Sin embargo, al no ofrecer esta alternativa, la Organización ha tenido que acudir a los tribunales para defender los intereses de los accionistas y ayudarles a recuperar tu dinero. Así, el pasado 9 de mayo, OCU presentó su primera demanda civil para representar a 300 socios que acuden a los tribunales para reclamar un importe total de más de 7.500.000 de euros a los que hay que sumar intereses y costas.
Además, en el ámbito penal, OCU presentó en junio de 2017 una querella ante la Audiencia Nacional contra los antiguos administradores del Banco, su auditora PwC y socio responsable de auditoría. Esta querella fue admitida a trámite y actualmente sigue en fase de investigación, algo que la Organización considera una buena noticia para los consumidores.
En Europa, OCU presentó recurso contra la propia Decisión de la JUR de resolución de Banco Popular y contra la denegación de la JUR y el BCE de acceso completo a la información soporte de aquella Decisión (como el informe de valoración de la entidad emitido por Deloitte), actualmente en tramitación.
En la vía contencioso-administrativa, la Organización puso en marcha un procedimiento contencioso-administrativo contra el FROB, que ha sido suspendido hasta que haya una resolución definitiva de los procedimientos que a nivel europeo se han abierto contra la decisión de resolver el banco adoptada por la JUR. Además de estas acciones, OCU ha puesto en marcha una solicitud de responsabilidad patrimonial al Banco de España que se encuentra pendiente de resolución.
Con todas estas acciones, OCU cumple su compromiso con los afectados de defender en todas las instancias posibles los intereses de los cientos de miles de pequeños accionistas que se vieron afectados por la quiebra de Banco Popular.
OCU recuerda a todos los afectados que la Organización puso en marcha una campaña para defender los intereses de los pequeños accionistas y que aún está disponible para todos aquellos que quieran inscribirse.
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