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La oleada de homicidios policiales suscitada por la sanguinaria campaña del presidente filipino, Rodrigo Duterte, contra las drogas persiste y sigue destruyendo vidas y devastando comunidades, ha revelado Amnistía Internacional hoy en un informe. La ONU debe abrir de inmediato una investigación sobres las graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la “guerra contra la drogas”
El nuevo informe de Amnistía Internacional, They just kill: Ongoing extrajudicial executions and other violations in the Philippine war on drugs, muestra que la policía actúa con total impunidad cuando asesina a las personas de barrios pobres cuyos nombres aparecen en “listas de control de drogas” elaboradas al margen de todo proceso legal.
“Al cabo de tres años, la guerra contra las drogas del presidente Duterte continúa siendo nada más que una empresa sanguinaria, emprendida a gran escala para que quienes viven en la pobreza sigan pagando el precio más alto”, ha señalado Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sureste Asiático.
“Es hora de que, empezando por su Consejo de Derechos Humanos, las Naciones Unidas adopten medidas decisivas para que el presidente Duterte y su gobierno rindan cuentas.
El gobierno filipino ha reconocido al menos 6.600 homicidios policiales. Los datos apuntan a muchos miles más, cometidos por desconocidos armados, con probables vínculos con la policía.
Tras el traslado de altos mandos policiales de Metro Manila –hasta entonces epicentro de los homicidios del país– la provincia de Bulacán, en Luzón Central, es ahora el campo de batalla más sangriento del país.
El presidente Duterte ha defendido reiteradamente la “guerra contra las drogas” de su administración, alegando que las personas que andan con drogas con “delincuentes”, cuyo homicidio es “justificable”.
En su investigación, Amnistía Internacional identificó 20 casos en los que se cometieron 27 homicidios, muchos de los cuales parece que fueron ejecuciones extrajudiciales. Estos homicidios se produjeron en la provincia de Bulacán entre mayo de 2018 y abril de 2019. En total, la organización realizó entrevistas a 58 personas, entre las que había testigos de ejecuciones extrajudiciales, familiares de víctimas, funcionarios locales y activistas de los derechos humanos.
El informe está basado en una investigación anterior de Amnistía Internacional, cuyos resultados, publicados en enero de 2017, mostraron cómo la policía hostigaba sistemáticamente a las personas más pobres e indefensas del país, a la vez que colocaba “pruebas”, reclutaba a asesinos a sueldo, robaba a las personas a las que mataba y elaboraba informes oficiales falsos de los incidentes.
“No es seguro ser pobre en la Filipinas del presidente Duterte”, ha añadido Nicholas Bequelin. “Lo único que hace falta para asesinar a alguien es una acusación sin pruebas de consumo, compra o venta de drogas. En todos los lugares a los que fuimos para investigar homicidios relacionados con las drogas, la gente corriente estaba aterrorizada. El miedo ha calado hondo en el tejido social de la sociedad.”
Muchos homicidios, un patrón
En todas las operaciones policiales que Amnistía Internacional examinó, la policía había justificado su actuación del mismo modo: era una operación encubierta contra la droga, en la que los sospechosos estaban armados y opusieron resistencia, lo que “provocó” el uso de fuerza letal.
Las familias y los testigos refutaron reiteradamente la versión policial. En algunos casos, la familia de la víctima explicó que ésta nunca había tenido un arma de su propiedad o que era demasiado pobre para comprar una. En otros, las personas víctimas de homicidio relacionado con las drogas habían sido registradas primeramente como desaparecidas, hasta que de repente, al descubrirse su cadáver, la policía las había clasificado sistemáticamente como objetivos de una operación encubierta.
Una perito forense filipina entrevistada por Amnistía Internacional dijo que los informes policiales de operaciones encubiertas que había examinado no cumplían los criterios mínimos de verosimilitud: “Es tan coherente; es un guión. De hecho, cuando ves el informe parece una plantilla.”
En un caso, la policía afirmó que Jovan Managua, de 30 años y padre de tres hijos, había disparado contra ella y que había encontrado un arma de calibre 38 y bolsitas de drogas ilícitas en el lugar de los hechos. Según testigos, Ovan se hallaba durmiendo con sus hijos cuando los agentes llamaron a la puerta de su casa preguntando por otro hombre. Su familia dijo que Jovan no tenía arma y llevaba más de un año sin consumir drogas.
“Lo mataron como a un animal”, dijo a Amnistía Internacional una persona de la familia.
Cuando las “listas de control de drogas” se convierten en listas de objetivos
En la mayoría de los casos examinados por Amnistía Internacional, a las víctimas les habían dicho que estaban en las denominadas “listas de control de drogas” elaboradas por las autoridades al margen de todo proceso legal.
Estas listas sirven, en efecto, para informar a la policía de a quienes tiene que detener o matar. Se presiona a los funcionarios locales hasta el nivel de administración de barrio (barangay) para que muestren su competencia recopilando los nombres de los denominados “consumidores”, “traficantes”, “proveedores” y “protectores” de su zona. Amnistía Internacional considera que estas listas son poco fiables, ilegítimas e injustificables. Son una prueba más del hostigamiento del gobierno contra las comunidades pobres y marginadas.
El equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a personas que hacían investigación local sobre derechos humanos, personal de barangay y otras personas que confirmaron que no hay forma de salir de las listas, lo que crea un sistema de vigilancia y peligro perpetuos.
“La administración Duterte ha creado una especie de lotería mortal, en la que los funcionarios deben elaborar listas y darles seguimiento, con independencia de que las personas incluidas en ellas consuman o vendan realmente droga. Este sistema insaciable y perverso recompensa el acatamiento ciego y el asesinato”, ha afirmado Nicholas Bequelin.
Responsabilidad policial
El acusado aumento de los homicidios ilegítimos en Bulacán se produce tras el traslado de altos mandos de la policía. Mandos que desempeñaban su función en Metro Manila –anteriormente la región más mortal en lo que a los homicidios relacionados con las drogas se refiere– han sido promocionados a cargos superiores en Bulacán y en la región de Luzón Central en general.
Uno de ellos es el director provincial, el superintendente mayor Chito Bersaluna, jefe de la policía en la ciudad de Caloocan en el momento en que mataron a tiros al niño de 17 años Kian delos Santos en agosto de 2017.
A raíz de la atención mundial que suscitó el caso, Bersaluna quedó en situación de “permiso administrativo.” No se presentaron cargos contra él, pero tres agentes bajo su mando fueron procesados y, finalmente, declarados culpables y condenados.
“El traslado de altos mandos policiales a las regiones donde los homicidios han aumentado es un alarmante indicador de la impunidad existente”, ha manifestado Nicholas Bequelin. “Todo lo que hace la administración Duterte para negar y desviar la responsabilidad es falso.”
Es hora de iniciar una investigación de la ONU
Con la única excepción de los agentes de policía declarados culpables del homicidio de Kian delos Santos, las autoridades filipinas no han investigado de manera creíble ni procesado a los responsables de los homicidios ilegítimos y las ejecuciones extrajudiciales cometidos en las operaciones contra la droga.
El nuevo informe de Amnistía Internacional se suma al creciente volumen de datos que indican que las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la sanguinaria “guerra contra las drogas” de Filipinas constituyen crímenes de lesa humanidad.
El gobierno filipino ha eludido hasta ahora todos los intentos de analizar las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de su ampliamente criticada “guerra contra las drogas.” Aunque la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar de la campaña contra las drogas en febrero de 2018, el presidente Duterte anunció rápidamente que Filipinas se retiraría del Estatuto de la Corte, decisión que se hizo efectiva en el pasado marzo.
Familias de víctimas, testigos, profesionales del derecho, líderes religiosos y otras personas han expreso reiteradamente su desesperación por los obstáculos que les impiden pedir justicia y por el clima de total impunidad del país.
“Cada vez que veo una foto de mi hijo se me parte el corazón”, explicó a Amnistía Internacional la madre de un joven de 20 años víctima de homicidio. “Quiere que luche por él, ¿qué hago?”
Amnistía Internacional ha determinado también que los programas de rehabilitación y tratamiento para personas consumidoras de drogas siguen siendo muy deficientes. La organización hace hincapié en que las autoridades deben aumentar la disponibilidad de los servicios de salud y sociales para reducir los riesgos y daños asociados a las drogas y poner fin a su campaña de violencia y miedo.
Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que inicie de inmediato una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en la “guerra contra las drogas”, incluida la comisión de crímenes de derechos internacional.
Asimismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe agilizar su examen de la situación y abrir una investigación penal completa y exhaustiva.
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