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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Economía que la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero tenga potestad para sancionar a las entidades que defrauden a los consumidores.
La asociación exige al departamento que dirige Nadia Calviño que el borrador del anteproyecto de ley que da voz vinculante a esta oficina para las reclamaciones de hasta 50.000 euros recoja indemnizaciones a los usuarios que reclamen y les den la razón.
Según el borrador actual, el ministerio de Calviño ha establecido un sistema de financiación de la nueva Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero basado en una doble tasa. Una de 200 euros, cuya cuantía podrá ser modificada por real decreto, que las firmas tendrán que abonar por cada reclamación recibida. Paralelamente, otra tasa para la promoción de buenas prácticas destinada a las entidades que reciban mayor volumen de quejas.
FACUA considera un insignificante peaje esa cantidad si no va acompañada de multas contundentes a las empresas denunciadas cuando se confirmen los fraudes contra los usuarios. De ahí, la necesidad de que esta oficina cuente con poder para sancionar. Asimismo, critica que el Ministerio de Economía no cuente con la participación de FACUA en la definición y constitución de esta autoridad de protección del consumidor financiero.
La asociación ve insuficiente el papel que tendrá esta oficina y lamenta que todavía siga sin funcionar. Debía estar en marcha desde hace ya un año por mandato europeo.
Esta autoridad servirá, previsiblemente, como una nueva vía extrajudicial de solución de reclamaciones de consumidores cuyas resoluciones -a diferencia del actual sistema del Banco de España- serán vinculantes para las entidades bancarias siempre que las cuantías de las reclamaciones no superen los 50.000 euros, según recoge Cinco Días.
Por otra parte, FACUA valora positivamente que la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero vaya a tramitar todo tipo de reclamaciones de consumidores en el ámbito bancario, asegurador y del mercado, incluyendo el incumplimiento de normas de conducta o malas prácticas en la comercialización de productos.
Actualmente, aunque más del 70% de las resoluciones del Banco del España son favorables a los consumidores, éstas no tienen un carácter vinculante, por lo que no puede obligar a la banca a cumplir sus dictámenes. Lo que puede hacer ahora es imponer sanciones por irregularidades que le revelan los consumidores, algo que ocurre en contadas ocasiones con sanciones de muy reducida cuantía. Algo que FACUA lleva años criticando.
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