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La UE y el Reino Unido tendrán que decidir qué tipo de cooperación establecen en cuestiones como el comercio, la lucha contra el terrorismo y el cambio climático, donde ambas partes tienen intereses y desafíos comunes y saldrían ganando si trabajasen juntas.
Aunque se ha negociado un acuerdo de retirada, éste se refiere principalmente a la protección de los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y los ciudadanos del Reino Unido que viven en otras partes de la UE, los compromisos financieros del Reino Unido asumidos como Estado miembro, así como los problemas fronterizos (especialmente el entre el Reino Unido y la República de Irlanda).
Las relaciones futuras serán abordadas en un acuerdo separado. Las negociaciones en este sentido solo comenzarán una vez que el Reino Unido abandone la Unión, el 31 de enero.
Qué cubrirá el futuro acuerdo
El acuerdo sobre relaciones futuras tendrá que abordar áreas desde la defensa a la lucha contra el terrorismo, pasando por el medio ambiente, la investigación y la educación.
Una de las negociaciones clave se referirá a las condiciones y principios de la relación comercial en el futuro, incluidas cuestiones relativas a posibles aranceles, estándares de productos, igualdad de condiciones y cómo resolver disputas.
Los ciudadanos
Los derechos de los ciudadanos están protegidos por el acuerdo de retirada. Los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y los británicos en la UE tienen derecho a seguir viviendo y trabajando donde residan ahora. Esta cuestión seguirá siendo una preocupación clave para el Parlamento Europeo, por ejemplo, con respecto a la libertad de movimiento y la cobertura sanitaria para los ciudadanos de la UE en el Reino Unido.
Transición
Según el acuerdo de retirada, habrá un período de transición hasta finales de diciembre de 2020. Durante el período de transición, el Reino Unido seguirá teniendo acceso al mercado único y estará sujeto a la legislación de la UE, aunque ya no podrá participar en la toma de decisiones sobre legislación de la UE. El Reino Unido continuará contribuyendo al presupuesto de la UE durante el período de transición, pero ya no tendrá voz en la negociación del presupuesto anual o del presupuesto a largo plazo de la UE,que se negociará este año.
El objetivo es concluir las conversaciones antes del final del período de transición. El período de transición se puede extender previa solicitud una vez por un periodo adicional de uno o dos años, pero la decisión de hacerlo debe tomarse antes del 1 de julio.
Si no se llega a un acuerdo al final del período de transición, el Reino Unido comerciará con la UE según las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Lea qué medidas existen para mitigar el impacto de no llegar al acuerdo.
Cómo funcionan las negociaciones
El ex comisario europeo Michel Barnier liderará las negociaciones en nombre de la UE, para lo que tendrá en cuenta las directrices del Consejo Europeo. Barnier también dirigió las negociaciones sobre el acuerdo de retirada.
Los eurodiputados pueden influir en las negociaciones mediante la adopción de resoluciones que establecen la posición del Parlamento. El Parlamento también estableció un grupo de contacto en el Reino Unido, dirigido por el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, el eurodiputado alemán David McAllister (PPE), para establecer un enlace con el negociador de la UE Barnier y coordinarse con las comisiones parlamentarias involucradas.
Cualquier acuerdo solo puede entrar en vigor si es aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo. A diferencia del acuerdo de retirada, también es posible que el acuerdo sobre las relaciones futuras tenga que ser aprobado por los parlamentos nacionales si se refiere a las competencias que la UE comparte con los Estados miembros. También deberá ser aprobado por el Reino Unido.
Posición del Parlamento
En una resolución adoptada en septiembre de 2019, el Parlamento ya dijo que las negociaciones sobre las futuras relaciones entre la UE y el Reino Unido requerirían fuertes garantías y disposiciones de igualdad de condiciones con vistas a proteger el mercado interior de la UE y evitar colocar a las empresas de la UE en una potencial desventaja competitiva injusta. También recalcó que cualquier acuerdo de libre comercio que no respete tales niveles de protección no sería ratificado por el Parlamento.
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